Combo de relevos institucionales en 2026
Este combo cuádruple de definiciones institucionales despierta intereses lícitos, pero también ilícitos.
Con la protocolaria toma de posesión de la magistrada Leyla Lemus como quinta presidenta de la actual Corte de Constitucionalidad (CC) comienza simbólicamente la cuenta regresiva de cuatro relevos de titularidades en importantes instituciones en el país, que finalizarán en el primer semestre de 2026. Sin embargo, los cortejos, cabildeos, crujidos, cuchicheos, pulsos o traqueteos ya han ido cobrando fuerza en lo que va del año. Sin duda alguna, el preludio de este proceso fue la elección de junta directiva y tribunal de honor del Colegio de Abogados y Notarios, proceso efectuado en febrero último y que en su epílogo tuvo un entuerto en la resistencia, paradójicamente güizachesca, de la directiva saliente a entregar la presidencia a Patricia Gámez. Esto recuerda el decir popular: “Si así son las vísperas, cómo serán las fiestas”.
En efecto, cada uno de estos procesos debería ser una fiesta político-legal revestida de ética, idoneidad, búsqueda de la excelencia profesional y de máxima honorabilidad. Sin embargo, atendiendo a los precedentes, será más bien una ópera política de cuatro actos: proceso de postulación y elección de magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral, designación de titulares y suplentes de la próxima CC, convocatoria y proceso de postulación y designación de fiscal general.
Finalmente, aunque se trata de una elección autónoma concretada por cuerpos electorales estudiantiles, docentes y profesionales, es de alta incidencia nacional la definición de la rectoría de la Universidad de San Carlos (Usac), entidad que tiene un codiciado botín de influencia al designar representantes en directivas de diversas instituciones, entre ellos titular y un suplente de la CC. Exclusiones y truculencias enturbiaron el proceso de elección de rector en 2022.
De hecho, en la Usac dirigida por Walter Mazariegos —cuyo período fenece en 2026— se denunció repetidamente la falta de renovación del Consejo Superior Universitario. Se arguyeron pretextos fútiles como la carencia de registros actualizados de estudiantes. Conminaciones judiciales fueron necesarias para cortar un retraso de dos años y que finalmente se convocara a la renovación, aunque con oficiosas modificaciones al reglamento de elección, las cuales se pueden describir como cambios para intentar que no haya cambio. En la Facultad de Derecho está en marcha el proceso de elección de decano, y en mayo ocurrirá la votación definitiva, sobre la cual estará enfocada la opinión pública, aunque también en otras unidades académicas hay señalamientos de nuevos ardides.
Este combo cuádruple de definiciones institucionales despierta intereses lícitos, pero también ilícitos. Con el paso de los meses serán cada vez más notorias —por más que se afanen en hacerlo a escondidas— las juntas y arrejuntes de tratantes de influencias, facciones politiqueras viejas o arribistas, grupos de múltiples polaridades de intereses y hasta fariseos representantes de oscuros grupos que no dan la cara, pero dan dinero de dudoso origen: todos en busca de sacar una tajada de avenencia en alguna o en todas las entidades en disputa.
Dados los lamentables sucesos e interferencias acaecidos hace cuatro años, es necesario que todos los sectores nacionales confluyan en la necesidad de proteger la institucionalidad y sus procesos contra cualquier tipo de maniobras ajenas al Estado de derecho y a la ética democrática. La representación de los tres organismos del Estado fue un importante elemento de legitimación para el tramo final de la actual magistratura constitucional, que ha tenido sus aciertos, pero también sus desatinos.
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