Con los casos reportados ayer en Jalapa se terminó de completar la difusión sobre pacientes confirmados de coronavirus en todos los departamentos del país, con las consiguientes diferencias entre las demarcaciones con mayor número de enfermos y aquellas a las cuales, quizá por su posición geográfica, tardó prácticamente dos meses en concretarse la temida llegada del virus.

Resulta importante hacer notar que las medidas de distanciamiento y la suspensión de actividades en el país tenían como finalidad bajar la velocidad de la propagación y así evitar que colapsaran los servicios hospitalarios, a fin de dar tiempo a que avanzara la implementación de más instalaciones de emergencia. Con esa justificada previsión sanitaria se sacrificaron actividades económicas, a fin de dar una oportunidad de prepararse mejor para hacer frente a este patógeno.

Es notorio que a estas alturas de la contención, el Ministerio de Salud no ha sido totalmente capaz de conseguir el personal médico y paramédico necesario, ni siquiera para el primer centro implementado, el de Villa Nueva, no solo a causa del natural miedo que puede inspirar la enfermedad, sino por una deficiencia de gestión que el ministro achaca a los requisitos burocráticos de contratación, una excusa que podría tener cierto margen de validez en condiciones administrativas normales, pero no bajo un estado de Calamidad en el cual es posible salvar determinados requisitos en dependencias claves, toda vez que existe una clara emergencia y un bien común que atender.

Por otra parte, también resulta cuestionable que los insumos médicos de protección sean escasos, sean provistos a cuentagotas o estén a punto de agotarse, justo en el momento crítico en que las cifras diarias de casos se han acelerado. Todos los servidores públicos que están en la primera línea de combate de la enfermedad deben contar en todo momento, todos los días, con el equipo de aislamiento necesario, puesto que se están jugando la vida. Poco ayudan los discursos de negación o aquellas explicaciones que intentan relegar la importancia de tales denuncias, las cuales debieron atajarse hace tres semanas.

Cabe reconocer que el Gobierno se encuentra ante una difícil disyuntiva respecto de la reactivación económica, que necesariamente conlleva la puesta en marcha del transporte urbano y extraurbano. Ciertamente hay necesidad económica de empresas pequeñas y grandes; así también es claro que existen sectores que pueden comenzar a retomar algunas labores en favor del avance de proyectos, la recuperación del consumo y, por supuesto, la provisión de alimentos para las familias dependientes. Sin embargo, en el otro lado de la balanza se encuentra la capacidad hospitalaria, que tiene una ocupación del 80%.

Las deficiencias que ya se señalaban hace dos semanas, hoy comienzan a hacerse críticas y públicas. El valiente pronunciamiento de los médicos de Villa Nueva y el establecimiento de un plazo de 48 horas para comenzar a solventar la situación no debe ser objeto de represión o reclamos de tono político, sino la oportunidad de enderezar entuertos y agilizar la adquisición de los suministros. Por otra parte, para la población en general es necesario dejar ya la imprudencia y la displicencia conductual que genera aglomeraciones que parecen de épocas normales y que se convierten, literalmente, en caldo de cultivo para un contagio masivo.