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Concentración de poder es malsana

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La independencia de jueces y magistrados es piedra fundamental no solo de la administración de la justicia en materia civil, penal y mercantil, sino de la democracia guatemalteca. La Ley de la Carrera Judicial implementó instancias como el Consejo de la Carrera Judicial, un cuerpo colegiado electo anualmente por los propios togados para hacerse cargo de evaluar denuncias y establecer, en caso de ser necesario, procedimientos disciplinarios de manera ecuánime; también le han sido encomendadas gestiones como la contratación de nuevos jueces, evaluación de desempeño, permanencias y traslados, con criterios técnicos debidamente reglamentados.

Es precisamente por esa razón que resulta obviamente sospechosa y con claro conflicto de interés la posible discusión en el Congreso, en tercera lectura, de cambios a la Carrera Judicial. Dichas modificaciones buscan restar atribuciones administrativas al Consejo de la Carrera Judicial y concentrarlas en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), específicamente en quien ocupe su presidencia y que de por sí ya tiene numerosas tareas pendientes.

No es difícil denotar afinidades políticas en la actual CSJ, que acumula 19 meses de extemporaneidad. Por otra parte, es ilógico que una discusión de este tipo se anteponga a la designación de nuevos magistrados, retrasada a instancias del presidente del Legislativo, en espera de una supuesta opinión consultiva de la Corte de Constitucionalidad que no deberá sino refrendar la orden de elegir de viva voz, en aras de la institucionalidad, del equilibrio de poderes y de garantizar el estado de Derecho. En otras palabras, seguir retrasando esta elección es doloso.

Los pretendidos cambios a la Ley de la Carrera Judicial deben ser desechados, por constituir un claro retroceso, puesto que, en lugar de establecer contrapesos, inclina la balanza, literalmente, a favor de los magistrados de la CSJ, cuyo presidente encabezaría al consejo encargado de definir posibles sanciones contra jueces, en lo cual toda persona con dos dedos de frente puede entrever la posibilidad de presiones ya sea a través de procesos viciados o traslados maliciosos.

Dejar tal tarea en manos de la actual CSJ, electa por el contubernio de los partidos Patriota y Líder en 2014, entraña aún mayor riesgo de compromisos políticos e incluso de posibles fidelidades inconfesables, algo que ha salido a luz en los casos de tráfico de influencias en que se han visto involucrados varios exmagistrados separados del cargo. No se puede generalizar, pero si ya existen antecedentes de presiones contra jueces el riesgo es demasiado grande.

En el Congreso hay opiniones divididas sobre las modificaciones de marras, pero debido a los acontecimientos recientes, como los súbitos cambios de personal en el Ministerio Público y al tácito abandono de dicha entidad por reclamar una elección inmediata y pública de magistrados, bien puede leerse un afán de presionar a jueces independientes que llevan casos de alto impacto vinculados con deleznables prácticas corruptas. Si un presidente de la CSJ automáticamente queda a cargo de administrar sanciones —como pretenden los absurdos cambios de la iniciativa—, se acrecienta el riesgo de caer en una especie de despotismo colegiado. De hecho, el Consejo de la Carrera Judicial tardó mucho en integrarse, debido a los tropiezos interpuestos por leguleyos y politiqueros, precisamente porque sabían que una administración independiente de disciplina institucional es la mejor arma contra los abusos y las arbitrariedades del poder omnímodo.