Como una especie de liquidación final de ofertas puede interpretarse la premura gubernamental, a 38 días del final del período, por dejar contratos amarrados o activadas crisis convenientes en lugar de optar por dejar a la nueva administración las decisiones que les impactarán sin siquiera molestarse en comunicar las verdaderas razones, prioridades y justificaciones detrás de tales premuras. No obstante, gracias a las tristes lecciones de la historia guatemalteca, es posible intuir que existan intereses subyacentes por acaparar millonarios negocios de emisión de documentos, en la continuación de un viejo juego de legalismos y pretextos de obvias artimañas.

A partir de hoy le quedan 24 días de funcionamiento a la empresa que tiene a su cargo la emisión de licencias, sin que se haya aclarado cómo se brindará el servicio a partir del 2 de enero de 2020, debido a que, por tecnicismos, se dejó fuera a esta firma de la licitación sin haber más oferentes y a pesar de la relativa eficiencia con la cual se desempeña. A la fecha se estima el parque vehicular en unos 3.7 millones de unidades, entre motocicletas, automóviles, camiones y tráileres, con lo cual se puede estimar la dimensión del problema que se acarrea a la ciudadanía, a la productividad, la competitividad e incluso a la seguridad vial si la Dirección de Tránsito de la PNC no encuentra una salida práctica, legal, eficiente y segura al asunto.

Curiosamente, en otra dependencia vinculada con el mismo ministerio, el de Gobernación, también se prepara la licitación para concesionar el servicio de emisión de pasaportes. Prensa Libre reveló tal proyecto en noviembre y las respuestas de las autoridades fueron más bien evasivas, ambiguas y poco convincentes.

De hecho hubo funcionarios que negaron la existencia del documento de licitación, pese a que este medio tuvo acceso a una copia. Curiosamente era el actual ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, quien fungía como interventor de Migración cuando se otorgó la concesión de dicho servicio a una empresa privada, entre 2011 y 2012. En todo caso, tal concurso debería ser convocado por las nuevas autoridades, con carácter internacional, reglas claras de participación y normas de seguridad de clase mundial.

En las postrimerías del gobierno efecenista, todos los contratos de mediano y largo plazo deberían ser manejados de forma coordinada con el gobierno entrante, tanto por razones de transparencia como de utilidad pública y beneficio ciudadano. Las carreras a última hora por adjudicar servicios clave solo evidencian un atropellado conflicto de interés sobre el cual podría y debería haber pesquisas inmediatas la tarde del próximo 14 de enero.

El presidente saliente anunciaba ayer la consecución de certificaciones de calidad de gestión y normas antisoborno por parte del Ministerio de Finanzas, como si se tratara de constancias extensibles a todo el aparato público. Muy por el contrario, en otras carteras se han acelerado contratos, como una compra de un programa informático para el manejo de licencias del Ministerio de Ambiente, por Q14.9 millones; la adquisición de más de un millón y medio de placas de vehículos por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria o la contratación de una empresa que provea cuatro millones de cartillas al Registro Nacional de las Personas (Renap). El presidente electo o sus ministros podrían reclamar más respeto, no tanto por los adjudicatarios finales, sino para velar por la calidad de servicios esenciales, puesto que es el ciudadano de a pie quien sufre las consecuencias de la opacidad.