El final del año confirma cómo quedó burlada la depuración del anterior Congreso dictada por los ciudadanos en las urnas al no reelegir a 110 diputados y colocar en su lugar a igual número de congresistas noveles. En la actual legislatura hay un variopinto grupo de profesionales experimentados, pero también advenedizos inexpertos, oportunistas y alfiles desfasados sin agenda de Estado ni compromiso ético con las ingentes necesidades de desarrollo.

Algunos congresistas se han olvidado de sus ofrecimientos de campaña, cuando ni siquiera esperaban ser electos -o reelectos-. Su incapacidad para representar a sus comunidades se ha puesto en evidencia una y otra vez a causa de su apoyo a despropósitos que atentan contra el bien común, e imprudencias verbales que prácticamente son una metáfora triste e irónica del derecho de los diputados a ofrecer declaraciones irresponsables.

El miércoles 16 se desarrolló en el hemiciclo una sesión para comenzar -más de siete meses tarde- la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones. No se sabe si es una pantomima para reducir la presión o el comienzo de un engorroso contubernio para seguir insistiendo en la designación de ciertos allegados en puestos clave del Organismo Judicial. Si la intención de viabilizar el relevo de magistraturas fuese real, lo más sensato sería presentar un cronograma formal de trabajo y establecer un plazo máximo para cumplir con este adeudo legal. Después de un primer año perdido por la falta de iniciativas visionarias, innovadoras y técnicamente correctas, resulta muy difícil poder creer en un espontáneo cambio de actitud en la máxima representación de la voluntad popular.

La exigencia ciudadana y la auditoría de la prensa independiente constituyen las únicas tribunas posibles para reclamar contrición y respeto a los diputados. La marcha atrás del deficitario y opaco presupuesto 2021, aprobado con nocturnidad y a espaldas de la población es una prueba de la fuerza que tiene la expresión de la ciudadanía y sectores productivos cuando se unen en favor de una exigencia justa.

La pandemia es un azote innegable, pero llegó a convertirse en excusa recurrente para explicar conductas improductivas y contradicciones entre discurso y acción. Es por ello que en 2021, bajo normas sanitarias adecuadas y con los cuidados necesarios a la salud, los legisladores deben dejar de lado cualquier afinidad que contravenga las perspectivas de mejoras en desarrollo, cuentadancia, impartición de justicia y fortalecimiento de la institucionalidad.

Esa tolerancia dolosa hacia tránsfugas, solapados por ser aliados, debe terminar. También debe desecharse la desidia para cumplir con el deber constitucional de elegir magistrados probos. Ningún diputado que respete a sus representados debería tolerar más dilaciones para conformar una agenda nacional de productividad, innovación y competitividad. Hay leyes pendientes que representan la diferencia entre una mayor eficiencia en la ejecución de obra pública y la continuidad de un modelo dañino que ha probado tener un nocivo costo de oportunidad. El desgaste acumulado apenas en un año puede equipararse solo con el Congreso de los depurables de 1993, una legislatura que en los albores de la democracia tuvo la oportunidad de trazar un mejor futuro para la nación, pero optaron por plegarse a los intereses de patrocinadores y caciques caducos.