Estados Unidos
EDITORIAL
Congreso contrata más personal y rinde menos
En 17 comisiones legislativas no hubo una sola iniciativa para dictaminar, por lo cual cabe preguntar ¿para qué se está pagando tal personal?
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Las legislaturas de la última década han tenido una creciente displicencia hacia el manejo de los recursos públicos. Suelen argumentar que utilizan “fondos propios” del Congreso, aunque la verdad es que tales recursos provienen de la ciudadanía trabajadora y el empresariado, que se esfuerzan por cumplir metas y también sus obligaciones fiscales. Basta ver la desfachatez con la cual el actual Congreso se autorrecetó, con premeditación, nocturnidad y negacionismo, un aumento salarial a costa de los contribuyentes.
Ahora nos enteramos de un crecimiento de casi 100% de las llamadas plazas “temporales” —renglón 022— ocupadas por supuestos asesores legislativos que luego resultan en tareas administrativas e incluso incorporados posteriormente en plazas permanentes. Pero lo paradójico no solo es ese discurso populista y lastimero de ciertas bancadas, que dicen estar beneficiando a la población pero, a la vez, le imponen más cargas de gasto público, en lugar de destinar más recursos al desarrollo o, cuando menos, a elaborar propuestas legislativas de calidad integral. Todo lo contrario, confeccionan bodrios contradictorios, con vacíos funcionales y mantienen en rezago —deliberado o no— importantes iniciativas.
Si aumenta el personal, se supone que debe reflejarse en mejores resultados. Más recurso humano para “asesoría” debe traducirse en mayor capacidad técnica, mayor celeridad en la emisión o evolución de leyes, en favor de la productividad y la certeza jurídica. Pero en el Congreso de la República solo aumenta vegetativamente la burocracia, para pagar adeudos de campaña, meter a allegados y familiares, mientras el desempeño legislativo sigue estancado. Hoy por hoy, los diputados salen más caros que nunca en salarios y costos de sus séquitos.
La figura de plazas 022 surgió con un objetivo específico: proveer de asesores especialistas y personal de apoyo para el cuatrienio de la legislatura o incluso para proyectos muy específicos, como el desarrollo de una iniciativa de ley. Las plazas temporales no son una puerta alterna para la contratación de personal permanente. Por desgracia, los contratos temporales se extienden por plazo indefinido y siguen sumándose otros, sin que exista una auditoría sobre la calidad del desempeño o la pertinencia de perfiles, puesto que basta un aval del diputado que resulta tener un conflicto de conveniencia.
Solo entre el 2025 y el 2026 se incorporaron 151 nuevos empleados bajo esa modalidad, que resulta muy fácil de inflar y que en el pasado ya ha dado origen a serios problemas, como pretéritos casos de plazas fantasma que quedaron en la impunidad y con ello constituyen un incentivo perverso. En el Congreso se abusa de una modalidad diseñada para brindar agilidad de contratación para configurar un andamiaje clientelar en que lo temporal solo es un pretexto y no una condición contractual. Si no fuera así, no existiría tan voluminosa nómina.
Resulta sintomático que el 65% de toda la ejecución presupuestaria del Congreso haya sido dedicado al pago de salarios. Tal proporción debería implicar una productividad sólida y responsable. Pero en el año actual, la asistencia promedio de los diputados solo es de 76%, a pesar de que cobran más caro por día. En 17 comisiones legislativas no hubo una sola iniciativa para dictaminar, por lo cual cabe preguntar ¿para qué se está pagando tal personal? Además, hay iniciativas antojadizas, cuya leguleyada es impugnable, tal el caso del socavón del impuesto único sobre inmuebles, que sí debía ser revisado, pero no con el cinismo que se hizo, porque para eso no se necesitan asesores.
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