Después de tantos incidentes de plazas fantasma en el Congreso, lo peor que puede hacer este organismo del Estado es establecer barricadas a la transparencia y la rendición de cuentas; eso es, sin embargo, lo que pretendía el anterior presidente y hoy diputado raso Allan Rodríguez al impulsar, con ayuda de oficiosos subalternos, la salida del sistema Guatenóminas del Ministerio de Finanzas, con el pretexto de dificultades para integrar el sistema del Legislativo.

Desde el 14 de enero, su correligionaria Shirley Rivera está en la presidencia. Al ser consultada respecto de si continuará el despropósito de su antecesor anunciado el 7 de enero, una semana antes de que ella asumiera el cargo, solo atinó a decir que el plan se encuentra bajo análisis. Respuesta incorrecta. Primero, porque desde su anticipada designación tuvo dos meses para ponerse al corriente de los asuntos administrativos. Segundo, porque un desatino de tal magnitud no resiste el menor análisis crítico, sobre todo si se presume de altos valores morales y éticos, criterios que van más allá de las simples leyes; por lo tanto, son los principios los que deben imperar, sin excusas.

El Congreso dispone para este año de un presupuesto de Q845 millones, que fue aprobado en noviembre, con 110 votos a favor, un apoyo que puede connotar muchos intereses. Dentro de los gastos que contemplaron aumento estaban las cuotas de internet, telefonía, personal y gasto en alimentos. De hecho, Rodríguez dejó aprobados aumentos de sueldo para 53 empleados que tuvieron ascenso de cargo sin mayor evaluación de desempeño. Varios de los beneficiarios son asesores de diputados de la anterior junta directiva y, al parecer, se trató de prebendas discrecionales.

Si Rivera admite, tolera, permite o avala la salida de Guatenóminas, estará mostrando, a menos de un mes de haber asumido la presidencia de ese organismo, una postura de opacidad que la colocaría en un plano de desgaste mucho mayor al de su predecesor. No existe justificación real para mantener o ampliar un sistema paralelo e inaccesible. El sistema Guatenóminas fue creado para llevar un control administrativo de las dependencias del Estado.

Si le dejaron esa cáscara para que resbale, debe tirarla a la basura. Efectuar un dispendio para generar o privilegiar una contabilidad que ya existe solo puede tener el propósito de ocultar manejos aviesos de la nómina. El país está necesitado de mayor transparencia, y la ciudadanía precisa de información puntual, actualizada y detallada del uso que se da a los recursos que tributa. Es posible que Guatenóminas tenga aspectos susceptibles de mejora, pero para eso es mejor fortalecerlo en conjunto con el Ministerio de Finanzas. Por otra parte, existen tareas mucho más grandes, transcendentales y bastante relegadas, tal como la discusión de una nueva ley de servicio civil, que regule las contrataciones y frene los botines politiqueros que cobran auge justo en los años preelectorales.

El 28 de enero último, Finanzas envió un mensaje a la Dirección General del Congreso, en el cual solicita que se reconsidere la decisión de desvincular sus registros de personal de Guatenóminas. Por el contrario, exhorta a terminar de implementar la integración con el mismo. De hecho, el Congreso puede y debe cumplir con este requerimiento a la brevedad posible, además de reforzar la obligación de que más entidades del Estado reporten allí, lo más pronto posible, el uso que le dan a un dinero que, en el fondo, no es suyo.