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Congreso gana rechazo récord en once meses

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A pulso se han ganado los diputados actuales los reclamos de sus distritos y electores, por una conducta que raya en la venalidad, con total indiferencia de la precaria realidad de millones de conciudadanos -que no súbditos ni simples espectadores pasivos-, con irrespeto a la investidura que les fue otorgada en sustitución de un centenar de antecesores expulsados del hemiciclo a causa de su irresponsabilidad y agendas oscuras. Se suponía que debían marcar un nuevo rumbo y no imitar las viejas prácticas.

Contaban en enero con el beneficio de la duda y la expectativa positiva de sus electores. A la luz de sus acciones resulta lógico el rechazo hacia su displicencia y la urdimbre de alianzas guiadas desde las sombras por rancios dirigentes cuya moneda de cambio es el tráfico de favores, cuyo lenguaje es el clientelismo y cuyo faro ético se ha apagado en favor de auténticos despropósitos, de los cuales el abultado Presupuesto 2021, desfinanciado y sin candados, detonó el reclamo general que los obligó a archivarlo. Es decir, la voz cívica tiene peso, fuerza y valor. Aun así, sobran motivos para la desconfianza: la pretensión de gastarse Q100 millones en un nuevo edificio, la continuidad de las comidas y refacciones a costa de los tributantes, la excesiva planilla de asesores y la paupérrima producción de iniciativas de ley orientadas al desarrollo equitativo y la competitividad constituyen deudas que, tras las decepciones de anteriores legislaturas, no tienen justificación alguna.

Párrafo aparte merece una dolosa dilación, declaradamente excusada por el propio presidente de dicho organismo, Allan Rodríguez: la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones, que cumplió más de seis meses sin siquiera comenzar, pese a un fallo de la Corte de Constitucionalidad y a la masiva petición de retiro del derecho de antejuicio planteada por el Ministerio Público. Se trata de una tardanza que, a todas luces, ha servido para prolongar en sus cargos a una CSJ plegada a los intereses del anterior y el actual oficialismo. En ese sentido, los diputados no merecen descanso: se deberían dedicar exclusivamente a la designación, de viva voz, de cara a la ciudadanía, de tales autoridades judiciales.

Al inicio de esta legislatura, varios sectores sugirieron objetivos prioritarios para una agenda parlamentaria con espíritu de nación. Se pueden recordar dentro de esos grandes pendientes una nueva ley de servicio civil -que combata el amiguismo, el nepotismo y la contratación de personas no idóneas en el Estado-; de compras y contrataciones -que transparente las adquisiciones y frene el favoritismo de allegados-; de infraestructura vial -que reduzca la discrecionalidad y permita optar a inversiones público-privadas-; de competencia -que siente las bases de una economía de futuro-; de aguas -que rescate el manejo de este recurso vital-, y las reformas a la Ley electoral y de partidos políticos.

Lo anterior es posible pero improbable, pues el comportamiento del actual pacto oficialista está lubricado mediante concesiones del erario y otros favores, por lo cual guarda similitudes con el Congreso de los depurables de 1993, que entró en una dinámica autodestructiva debido a su divorcio con las necesidades de la población. Solo un cambio total de actitud y un liderazgo renovado podrían dar un golpe de timón que renueve al organismo que, por ley, representa a la ciudadanía, pero que con sus actos la traiciona.