En lugar de abrir sus puertas y tribunas a la ciudadanía, el actual Congreso deja tales espacios solo a porristas interesados, tal como ocurrió con la aprobación de los infames cambios a la Ley de Compras, que han sido prácticamente condenados por todos los sectores ciudadanos productivos y cuyo veto se ha pedido reiteradamente, aunque hasta el momento en la Presidencia de la República se guarde todavía un sospechoso y agorero silencio hermético. Ojalá en el Ejecutivo sepan escuchar el clamor de la población y que no estén esperando la distracción del fin de semana para mandar a publicar tal mamotreto legal en el diario oficial.

Terminó un nuevo ciclo de sesiones ordinarias en el Legislativo. Es obvio que se trató de parchar la improductividad evidente con un par de leyes referentes a la reactivación económica, como si se tratara de llantas de repuesto y no de engranajes que deben trabajar todos en conjunto para una recuperación coherente, sistemática, con un beneficio que apunte a todos los estratos de la sociedad. Por el contrario, los diputados oficialistas se dedicaron a hurgar en la agenda para empujar algunas iniciativas redituables, ya sea por conflicto de interés u otros beneficios ulteriores, obviamente inconfesables.

Es obvio que para el actual Congreso tienen mucho más peso puntos resolutivos anodinos y pérdidas de tiempo en el hemiciclo que la consolidación de la institucionalidad y el estado de Derecho. Terminó un ciclo más de sesiones ordinarias y no avanzaron en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones, por dolo, por conveniencia y en espera de poder colar a aspirantes señalados, para lo cual aguardan un dictamen de la Corte de Constitucionalidad que contradiga al de la anterior magistratura, que les permita elegir por nóminas, en masa y en secreto, previsiblemente en la oscuridad de la noche, si es que los magistrados les dan luz verde.

Un Congreso que se comporta de tal manera no puede sino esperar el rechazo de la población, y para ello se apertrechan de instrumentos de agresión, tal el caso de los batones eléctricos que compraron, con el dinero de los guatemaltecos, para dotar a su personal de seguridad. Tal actitud de hosquedad hacia la ciudadanía refleja el conocimiento que tienen de la dirección deliberada de sus acciones.

Como parte de la misma pugna de ambiciones, ya se prevé una lucha por la presidencia del Legislativo en el 2022, lo cual solo añadirá un valladar más al cumplimiento de la agenda pendiente. Es su gorda obligación discutir normas estratégicas como la nueva Ley de Servicio Civil, la ley de competitividad, la de infraestructura vial, la de aguas o la creación de una autoridad portuaria, pero continuarán en la gaveta del olvido puesto que requieren esfuerzo, inteligencia, profesionalismo y, sobre todo, plena responsabilidad por el bien común, elementos que muy pocos diputados poseen.

Es probable, eso sí, que en el próximo período de sesiones la alianza oficialista se abalance sobre las contrarreformas a la Ley Electoral que abrirían la puerta de retorno al nefasto transfuguismo, sobre todo porque los partidos vinculados con el narcotráfico y el financiamiento ilícito están en inminente desaparición y en total desgaste, por lo cual a decenas de diputados y diputadas les urge un nuevo cascarón de cara a los comicios del 2023.