Actividades delictivas como el narcotráfico, la extorsión, estafas, defraudación y corrupción estatal, que generan súbitos e ingentes recursos ilícitos para individuos y mafias, más temprano que tarde confluyen en la necesidad de “lavar” tales fondos y para ello utilizan diversas estrategias como la creación de negocios de fachada, adquisición de vehículos o bienes inmuebles en efectivo para su posterior venta —o su simulación— y, por supuesto, el intento de hacer depósitos en cuentas de entidades de servicio financiero, para lo cual en ocasiones se recurre a particulares, quienes algunas veces acceden a cambio de una comisión, igualmente ilícita, y en otras bajo engaños.

En todo caso, haber prestado una cuenta bancaria personal para que un cónyuge, familiar, amigo o conocido deposite fondos, como un simple favor, es el motivo por el cual hay decenas de mujeres en prisión preventiva y hasta sentenciadas, debido a que tal dinero era producto de actividades delictivas. Es posible que se trate de una estrategia de defensa para intentar salir inermes, pero aun en el caso de ser cierta, no representa mayor atenuante, pues ante la ley no se puede alegar ignorancia.

Desde hace varios meses, la Superintendencia de Bancos (SIB) difunde advertencias acerca del riesgo de prestar una cuenta personal de ahorros o depósitos monetarios o de permitir el uso del propio nombre para que terceros abran una a cambio de supuestas gratificaciones o, peor aun, bajo amenazas. En la gran mayoría de casos se trata de un truco utilizado para dar aparente legalidad a depósitos de fondos malhabidos, los cuales son retirados a través de cobros en otra localidad, pagos a empresas o cobros de cheques.

En todo caso es la ruta del dinero la mejor posibilidad de poder seguir el rastro de actividades ilegales. La tecnología y la interconexión global sirven para reunir evidencias en contra de personas y grupos delictivos, desde extorsionistas hasta desfalcadores del erario. En el último lustro han salido a luz testimonios acerca de habitaciones repletas hasta el techo de billetes producto de sobornos, comisiones ilegales y compras suntuarias que utilizan empresas inexistentes que constituyen una auténtica burla a la penuria que asedia a tantos guatemaltecos.

Hace apenas seis meses, el 16 de octubre último, se reportaba el hallazgo de Q122 millones en maletas, en un inmueble de Antigua Guatemala, vinculado con el exministro de Comunicaciones José Benito, quien está prófugo de la justicia. Tan escandaloso monto, que probablemente pertenece no solo al exfuncionario, da indicios de la dimensión que puede llegar a tener el trasiego de fondos dudosos.

Por ello, el gobierno de Estados Unidos ha endurecido leyes para exigir datos sobre titulares y beneficiarios de cuentas abiertas en bancos de ese país o en entidades que tengan relaciones comerciales con dicha nación; es decir, todas. A través de la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro se combatirá a las empresas de cartón, de fachada o fantasma que hasta ahora se han utilizado para desviar fondos, amañar licitaciones o encubrir robos. Será un arma poderosa en contra de los corruptos, que no distan mucho de los extorsionistas, pues obtienen su riqueza a partir de la tragedia de otros. Por ello, prestar una cuenta expone a su titular a quedar vinculado con un posible delito y, por lo tanto, la advertencia de la SIB no se debe tomar a la ligera.