A pesar de tener un papel de primera línea en la auditoría del uso transparente efectivo de los recursos públicos, la Contraloría General de Cuentas (CGC) ha sido la gran ausente en la discusión de dos temas que suscitan polémica y comprometen cifras millonarias del erario. Si bien ayer trascendió que dicha entidad habría comenzado una investigación acerca de la compra de vacunas Sputnik V, por las cuales se pagó un adelanto de de Q614 millones, desde ya se puede anticipar que la pesquisa tendrá muy poco calado si no abarca los términos del contrato suscrito por el Ministerio de Salud en nombre del Estado de Guatemala y un intermediario que se comprometió a entregar 16 millones de dosis —para inmunizar a 8 millones de personas—, pero sin acordar ningún calendario de entrega, entre otros descuidos.

La titular de Salud anunció para ayer, otra vez, la entrega del cronograma de embarques para completar el pedido del fármaco. El calendario llegaría tarde, pero para mayor afrenta a la ciudadanía, volvió a incumplirse el compromiso, que depende más del capricho del proveedor que de cualquier reclamo gubernamental guatemalteco, pues no hay cláusulas de penalización por retrasos.

Para algunos analistas se hace cada vez más evidente la lesividad del contrato. No se trata solo de una cuestión legal, sino de principios éticos y una amenaza inminente para la vida con cada día que se atrasa la inmunización. Debería entrañar dolo o negligencia el hecho de que se haya excluido a la Procuraduría General de la Nación al suscribir la compra. Como representante del Estado debió intervenir en la revisión de términos del acuerdo, el cual se anunció el 5 de abril cuando ya estaba firmado. Las consecuencias de tal premura están a la vista y alguien debe responder por ellas.

En todo caso, la Contraloría debe emitir un dictamen acerca de los términos de la adquisición en condiciones tan desventajosas. Además, inquirir acerca de los pagos efectuados, las personas involucradas y sus posibles conflictos de interés. La propia PGN debe actuar de oficio para analizar una eventual lesividad de dicho negocio, sin esperar orden de la Presidencia, que tampoco parece muy interesada en agilizar, reclamar o demandar acción a las autoridades rusas.

La CGC también ha sido la gran ausente en otra polémica de interés nacional: la suscitada por otro arrebato que amenaza la cuentadancia en todos los estamentos del Estado. Las burdas, imprudentes y a todas luces clientelares reformas a la Ley de Compras efectuadas con secretismo por el Congreso de la República solo abren oportunidades para el dispendio, la discrecionalidad, el despilfarro y el amaño de adquisiciones. Quien no lo quiera ver así es porque tal desorden le conviene.

Haber elevado las llamadas compras de menor cuantía hasta los Q100 mil es un absurdo en todos los sentidos, por el simple hecho de que tal cifra no puede considerarse “de menor cuantía”. De hecho, tal rubro ya era instrumentalizado para gastar millones de quetzales en compras fraccionadas. Y si se le suma la ampliación de las compras directas -es decir, sin licitación pública- hasta Q200 mil, se puede deducir el alcance de tan artera reforma, que no constituye sino un insulto a la inteligencia de los contribuyentes y una bofetada a los esfuerzos por transparentar el gasto público. Aun así, la CGC no ha alzado la protesta vehemente para sumarse al pedido generalizado de veto presidencial a este decreto, que si no fuera tan indignante sería hasta irrisorio.