A lo largo de su historia, Guatemala ha sido víctima de contratos lesivos, suscritos a menudo con premura, sin la debida asesoría jurídica o bajo presión de intereses ulteriores, ocultos. Quizá uno de los más históricos y dañosos ejemplos sea la concesión de todas las líneas del ferrocarril durante 99 años a una empresa de capital estadounidense, otorgada en 1904, para que se encargara de terminar el último tramo del Ferrocarril del Norte. A la larga esto condujo a un lento pero progresivo deterioro de la infraestructura que hoy es un inservible amasijo de rieles y locomotoras viejas, que por cierto es objeto de una nueva controversia legal por el contrato del proyecto del llamado Tren Bicentenario, en la Costa Sur, asignado sin licitar y en medio de ambiguas proyecciones.

Curiosamente, características análogas saltaron a la vista desde el inicio de la adquisición de vacunas Sputnik V al Fondo Ruso de Inversión, por medio de una división denominada Limited Liability Company Human Vaccine, a la cual se le pagaron al contado Q614 millones, por adelantado, para la entrega de ocho millones de dosis, que llegaron por abonos. La tardanza fue notoria y su urgencia se vio aminorada por el envío de donaciones de varios países, sobre todo de EE. UU., que rebasaron en cantidad a las unidades rusas.

Las negociaciones del contrato se hicieron a escondidas, con inusitada celeridad, y los firmantes simplemente se lavaron las manos. El excanciller Pedro Brolo dijo que solo fue un facilitador, y la exministra de Salud Amelia Flores invocó la secretividad del documento para mantenerlo oculto. Igual ocurrió con una adenda, signada posteriormente ante la presión e incertidumbre por el notorio retraso en la llegada del fármaco.

Después surgieron problemas logísticos como la insuficiente, pero necesaria, cadena de frío para llevar las dosis rusas a lugares recónditos del país. Salud señaló la resistencia de ciertos grupos de la población a vacunarse, afirmación que tiene solo una parte de verdad, pues no se hizo una oportuna campaña de divulgación con pertinencia cultural e idiomática, error que facilitó la proliferación de rumores falsos y prejuicios.

Junto con el mes de febrero se vencieron 1 millón 61 mil 412 dosis de Sputnik V. El país perdió Q84 millones de golpe. El ritmo de inmunización se ha reducido y hay más lotes con fecha de caducidad en abril. La preferencia por vacunas que están validadas por la Organización Mundial de la Salud y que permiten viajar al exterior —algo que Sputnik sigue sin tener— termina de completar las razones por las cuales no se deben comprar más. Sin embargo, en la adenda, igual de arcana, se fijó plazo hasta 2023 para solicitar otros ocho millones de dosis. ¿A quién beneficiaría tal negocio?

Secretismo, inviabilidad, incertidumbre e incluso la posible dificultad para transacciones con entes rusos, debido a las restricciones impuestas por la agresión a Ucrania, apuntan a que es preferible denunciar el contrato de Sputnik. El contrato tenía visos de opacidad desde el inicio, comenzando porque no tuvo la asesoría de la Procuraduría General de la Nación, cuyo titular, Jorge Luis Donado, solo atinó a decir que no se enteró del proceso. La Contraloría General de Cuentas denunció ante el Ministerio Público a la entonces ministra de Salud, pero la Fiscal General aún no presenta ningún informe de resultados sobre las pesquisas referentes al contrato, si es que las hubo. Mientras tanto, PGN y CGC pueden emitir dictámenes para reforzar la petición de lesividad del contrato y la adenda que ya han recomendado varios sectores.