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Contundente mensaje contra la corrupción

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Una de las tácticas usadas para intentar dividir los apoyos a la lucha anticorrupción fue inducir, subrepticiamente al comienzo, una estéril y polarizante micro guerra fría discursiva en el país, a fin de crear dudas en la sociedad sobre el verdadero fin de tal esfuerzo tendiente a sanear el Estado y hacerlo eficiente para cumplir con sus obligaciones constitucionales. Redes sociales, declaraciones mediáticas y hasta el etiquetamiento de medios críticos y desafectos al poder fueron herramientas empleadas por grupúsculos aglutinados alrededor de un objetivo: mantener la impunidad.

Es una vieja práctica, tomando en cuenta que ya en la década de 1980 el presidente de Estados Unidos Jimmy Carter retiró toda asistencia militar al gobierno del general Fernando Romeo Lucas, por la indiscriminada represión contra la población civil. En respuesta, el presidente Lucas solía llamar a su homólogo “Jimmy Castro”, a fin de tildarlo de supuesto comunista e intentar con ello etiquetarse como víctima.

La descalificación de sus acusadores suele ser una herramienta de fácil uso por parte de funcionarios señalados de corrupción, que abusan de la confianza otorgada por la ciudadanía a fin de convertir su cargos en mercados de influencias, tráfico de favores y generación de ilícitos beneficios. En varios casos judiciales, sobre los cuales incluso ya se ha emitido condena, el invariable discurso de los cabecillas apunta no a contrarrestar las evidencias, sino a intentar hacerse pasar por mansos corderos.

Un ejemplo es el de la exmagistrada Blanca Aída Stalling, quien en repetidas ocasiones ha afirmado ser víctima de una conspiración para desprestigiarla. En 2017 fue denunciada por el juez Carlos Ruano, quien la señaló, grabación en mano, para evidenciar que intentó presionarlo para que otorgara prisión domiciliar a su hijo Otto Molina Stalling, involucrado en el fraude IGSS Pisa. El juzgador relató que ella lo citó en su despacho, inquirió sobre el caso y le insinuó que le ayudara. Ella negó la acusación y tachó al juez de “cobarde”.

Después de un proceso legal de antejuicio, en el cual se verificó que la reunión sí existió, el Congreso le retiró la inmunidad a Stalling, el 2 de febrero de 2017. El 4 de ese mes, la magistrada solicitó ausentarse de labores con goce de sueldo y el 8 de febrero fue detenida en la zona 9, disfrazada con una peluca, sudadero blanco y licra azul, en un claro intento de fuga. Además portaba una pistola. Fue enviada a la prisión Mariscal Zavala, desde la cual aplazó cuanto pudo el caso judicial y finalmente logró, en agosto de 2018, que una jueza suplente le diera medida sustitutiva, sin fianza. El juez Ruano dijo entonces temer por su vida, debido al poder que maneja la magistrada, cuyo caso por tráfico de influencias todavía no ha llegado a juicio.

El lunes 25 de marzo, el Departamento de Estado de EE. UU. anunció que Stalling figura en una clasificación especial de personas ligadas a corrupción y le retiró la visa a ella y a dos de sus hijos, en un contundente mensaje contra la impunidad, que echa por tierra cualquier discurso ideológico, porque el secretario de Estado Mike Pompeo es un duro derechista. Reza el dicho que para muestra un botón, y en este caso, la postura estadounidense no deja lugar a dudas: la guerra a la corrupción sigue entre sus prioridades y la sanción se puede extender a más figuras vinculadas con prácticas ilícitas. De hecho, ella es solo una de 150 personas a quienes se les ha vetado el derecho de ingreso a ese país en este año. Solo hace falta ver quién sigue.