La estimación de cierre del año con un crecimiento económico del 7.5%, prevista por el Banco de Guatemala, constituye un mensaje alentador desde el punto de vista técnico, que a su vez potencia mejores horizontes de inversión y de confianza macroeconómica. Es necesario acotar, sin embargo, que esta histórica expansión de productividad (precedida por el bajón pandémico de 2020 en prácticamente , todos los rubros) obedece al esfuerzo tesonero de millones de guatemaltecos, a la actividad conjunta de miles de empresas pequeñas, medianas y grandes, al espíritu resiliente de emprendedores, comerciantes, transportistas, operarios, ejecutivos, gerentes, obreros y así podríamos continuar enumerando áreas de generación de ideas, innovación y riqueza.

El Estado por sí solo no produce nada, excepto gastos. Debe administrar el erario, pero este se financia con la producción a cargo del ciudadano que sale cada día a desempeñar honradamente sus labores en empresas, como propietario o asalariado. Prueba de esto es que en cada campaña electoral los candidatos ofrecen generar empleo y mejoras económicas, pero al cuestionarles cómo lo harán, suelen invocar las mismas estrategias: atracción de capitales, invitación a empresas para establecer filiales o centros logísticos, facilitar acceso a créditos para empresas familiares o comunitarias. Así se ha repetido por más de tres décadas y las promesas siempre se quedan a medias. El actual Ejecutivo y Legislativo no son la excepción: desde las deficiencias en el manejo de la pandemia, vacíos en cuentadancia, fallas en vacunación y leyes económicas relegadas. En otras palabras, le ponen barreras al crecimiento, por obra u omisión, pese a lo cual el país produce.

Se han incrementado exportaciones, las transacciones comerciales aumentaron y el envío de remesas por parte de migrantes en Estados Unidos alcanzó nuevas cifras récord. Paralelo a ello continúan rémoras como el contrabando, la defraudación aduanera y la pérdida de población económicamente productiva por efecto de la violencia, la pobreza y la falta de oportunidades en la provincia, a donde la derrama económica no ha llegado, como tampoco las mejoras concretas en educación, la prestación de servicios de salud preventiva y ni siquiera las vacunas en cantidad suficiente.

El plan del gobierno estadounidense para reducir las causas de la migración involucra precisamente a grandes empresas que se han sumado públicamente a la iniciativa, lo cual es loable. No obstante, hay que decirlo, en el país existen cuantiosas iniciativas, programas y proyectos auspiciados por firmas privadas exitosas como parte de una responsabilidad social libremente asumida. No está de más afirmar que, efectivamente, la primera y más importante proyección social de una empresa privada es la creación de empleo en condiciones competitivas para poder enfrentar mercados exigentes y lograr un crecimiento que propicie más oportunidades laborales. A esto se suma el aporte al fisco para el funcionamiento estatal.

El momento actual de bonanza no debe ser pretexto para el despilfarro o el dispendio, tampoco para aumentar la apuesta de endeudamiento público, que ya está en niveles críticos, y mucho menos para ampliar la planilla de burócratas o financiar pactos lesivos con sindicalismos venales. Solo el imperio de la probidad y la inteligencia prospectiva pueden conducir a que el crecimiento económico pase de las cifras a las comunidades, de los cálculos tecnocráticos a resolver temas pendientes del desarrollo humano.