EDITORIAL
Cruce de versiones e intereses en Nahualá
Las autoridades deben aclarar aún más detalles de lo ocurrido.
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Los confusos enfrentamientos ocurridos el sábado 13 en Nahualá, Sololá, en el contexto de un añejo conflicto con su vecino, Santa Catarina Ixtahuacán, han estado acompañados de la confusión propia del cruce de versiones en redes sociales, los rótulos con reclamos de salida del destacamento local colocados cerca de algunos cuerpos de fallecidos con inusitada celeridad —y con una escritura bastante similar—, y las versiones gubernamentales acerca de una infiltración de grupos criminales que utilizan el área para trasiegos de armas y drogas, a quienes no conviene ni la pacificación ni la presencia de fuerzas de seguridad y a quienes, obviamente, no les importa la vida de la población.
Es innegable que el ataque contra efectivos militares fue perpetrado por individuos adiestrados, con conocimientos tácticos y armas de alto poder ofensivo. Los hechos obligan a una pregunta incómoda pero necesaria: ¿sigue siendo este un conflicto estrictamente entre comunidades, o ha sido ya capturado por intereses ajenos que prosperan en el vacío de autoridad? La reacción indignada de parte de la población civil es comprensible desde una memoria histórica marcada por sucesos dolorosos. Pero también resulta funcional inquirir acerca de qué grupos apuestan por la anomia.
La historia del conflicto limítrofe entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán es larga, dolorosa y plagada de omisiones estatales, intercesión a medias e inercias burocráticas. En esta desidia entran las versiones oficiales de la Policía Nacional Civil y el Ejército, en las cuales se afirma que desde un helicóptero que llegó a trasladar heridos también se abrió fuego contra individuos en tierra. Las autoridades deben aclarar aún más detalles de lo ocurrido.
Redes de tráfico, economías ilegales y control territorial informal se mimetizan en una región geográfica escabrosa, en municipios que poseen una demarcación geográfica alargada, que conecta desde la bocacosta hasta las alturas del Altiplano, mediante sinuosos caminos que conectan a municipios del litoral costero sur. Cabe acotar que las rutas asfaltadas solo llegan hasta puntos como la aldea Guineales, Santa Catarina Ixtahuacán, y a partir de allí solo hay caminos vecinales intrincados, que en algunos tramos se vuelven de herradura. En otras palabras, las condiciones de infraestructura vial para el desarrollo han sido históricamente precarias en ambos municipios, y esto abona a la dificultad para el crecimiento productivo del área, en donde predomina la pobreza.
De ahí que exista la posibilidad real de que el cansancio comunitario legítimo, ocasionado por la precariedad y el atávico conflicto limítrofe pueda ser mediatizado para convertir la exigencia de paz en una demanda de retirada del Estado. El planteamiento del actual gobierno de avanzar mediante un diálogo entre comunitarios es correcto, pero suena inoportuno en este momento crítico. Aún así, se debe continuar, pero con la vista puesta en que solo con la mejora en el desarrollo integral se drenará el caldo de cultivo en el cual grupos irregulares buscan propiciar las hostilidades.
Tales diálogo y planes no pueden darse sin seguridad, y menos bajo el asedio de personajes armados. Por eso mismo, se da una paradoja incómoda: la militarización permanente no resuelve el conflicto, como han advertido analistas, pero la retirada de las fuerzas de seguridad en este momento podría dejar el terreno libre a las bandas que hoy tienen un puente de caminos de herradura para sus trasiegos, literalmente en tierra de nadie.
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