Ríos de tinta y teras de información audiovisual han corrido en las últimas dos semanas acerca del papel de la fiscal general, Consuelo Porras, en el asedio contra el Tribunal Supremo Electoral y el proceso democrático, los cuales amenazan con proseguir sin importar el masivo reclamo ciudadano, según delató del diputado oficialista Boris España. Pero dentro de este patrón de afrentas y estratagemas legaloides, de dilaciones a recursos de amparo y dudosos libramientos de antejuicios a determinados personajes afines, poco podría hacer el MP si no contara con la aquiescencia de la Corte Suprema de Justicia que hoy cumple cuatro años de plazo extra, es decir, nueve años en el Poder Judicial.

El actual combo de magistrados fue electo por el Congreso la noche del 25 de septiembre del 2014, para un período de cinco años, mediante un arreglo a nómina completa entre los abyectos y extintos partidos Patriota y Líder. Los principales negociadores del reparto fueron el exministro de Comunicaciones, posterior prófugo y hoy procesado Alejandro Sinibaldi, y el expresidenciable Manuel Baldizón, quien fue condenado y purgó prisión en EE. UU. confeso por cargos de lavado de dinero para el narcotráfico. El propio Baldizón refiere detalles de aquel arreglo en un expediente del caso Comisiones Paralelas II.

En el 2020 transcurría, ya con retraso, el proceso de postulación para definir la nómina de magistrados titulares y suplentes de la CSJ y salas de Apelaciones, pero se descubrieron ilícitas reuniones entre postuladores, diputados, magistrados aspirantes a reelección y negociadores con el operador político Gustavo Alejos, quien estaba en prisión preventiva en un sanatorio, pero controlaba a postuladores, para configurar una nómina al mejor postor, según declaró.

La actual CSJ debió ser relevada el 13 de octubre del 2019. A causa de las ilegalidades, parches legales y retrasos del proceso de postulación, la fecha se pasó. La CSJ se autorizó una extensión inmediata de plazo para no “abandonar” los cargos, que bien pudieron quedar en los suplentes. Luego, vino la denuncia del caso Comisiones Paralelas, por el cual incluso fueron procesados un exrector y el rector de la Universidad de San Carlos. A pedido del MP, la Corte de Constitucionalidad dictaminó una suspensión del proceso. Después, ordenó al Congreso de la República continuar con la elección, pero para asegurar transparencia estableció que la votación en el hemiciclo fuera candidato por candidato y de viva voz, algo que muchos congresistas y partidos no querían y no quieren aún.

El Congreso actual, encabezado por el oficialista partido Vamos y bancadas aliadas ha saboteado la elección de nueva CSJ con diversos pretextos. El primero fue la pandemia, después dijeron que votar de viva voz sería demasiado largo y tomaría demasiado tiempo. Ya hubieran terminado. Su truco manido es colocar la elección como cuarto, sexto o noveno punto de agenda. Discuten y aprueban lo que les conviene, y cuando llegan a la designación de nueva CSJ, se rompe la sesión. El MP guarda silencio sobre esto.

Queda claro que el oficialismo se siente muy cómodo con la CSJ de PP y Líder, la cual incluso se ha autootorgado rechazos a los antejuicios, incluyendo los solicitados contra algunos de ellos por el caso Comisiones Paralelas. Es de recordar que, en el 2016, Porras fue magistrada suplente de la CC designada por la CSJ. En el contexto actual, todo parece una cuestión de comadre hablada, debido a que durante el asedio del MP contra la democracia, las elecciones y la autoridad electoral, la CSJ ha sido condonadora de antejuicios pedidos contra jueces y fiscales.