Estados Unidos
EDITORIAL
CSU ilegítimo no puede elegir magistrados de CC
Es verdaderamente penoso que personas a cargo de verificar, exigir y acelerar esta renovación figuren como aspirantes a las dos magistraturas universitarias.
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La lógica es obvia: el máximo tribunal del país, la Corte de Constitucionalidad (CC), al cual toca definir en última instancia la legalidad de juicios, decisiones, medidas y amparos, no puede tener magistrados electos con la más mínima sombra de ilegitimidad. Y por ello todo lo actuado por el desfasado y caduco Consejo Superior Universitario (CSU) bajo las órdenes del rector Walter Mazariegos se encuentra en serio cuestionamiento legal, sobre todo, porque fue apercibido judicialmente en dos ocasiones para que se renovara dicho Consejo a través de los canales democráticos correspondientes, pero no lo hizo por temor a perder su pedestal de arena.
Repitiendo: la elección de magistradas y magistrados de la CC no es un trámite administrativo cualquiera. Se trata de una de las decisiones más sensibles para la institucionalidad del país, pues es la institución encargada de resguardar la supremacía constitucional, el Estado de derecho y el equilibrio entre los poderes públicos. No puede quedar en manos viejas visiones despóticas cuyos desmanes discrecionales han causado tanto daño.
Precisamente, por ello, quienes participan en esta designación de magistrado titular y suplente, de cada nominador, deben contar con reconocimiento pleno, representación válida y sólida honorabilidad. Hoy, el CSU no cumple con esas condiciones. Más de 30 de sus integrantes ejercen cargos vencidos. Es decir, ya no cuentan con un mandato vigente otorgado por la comunidad universitaria a la que dicen representar. Esta situación no es una simple irregularidad administrativa: es un problema de fondo que anula su potestad, devenida de la democracia institucional. Punto.
Por eso es verdaderamente penoso que personas a cargo de verificar, exigir y acelerar esta renovación figuren como aspirantes a las dos magistraturas universitarias. Es un total conflicto de interés que, por un lado, pone en tela de juicio —por omisión— la integridad pretérita, y condiciona, a futuro, el desempeño de tal puesto, desde el cual se confirman o se eliminan sentencias y se fortalecen o se conculcan derechos, tal como ocurrió ayer, en la CC saliente, al confirmar el despojo de participación electoral a las carreras afines del Colegio de Abogados, precisamente en la definición de sus magistraturas.
La propia CC ordenó, mediante sentencia, meses atrás la renovación del CSU. A la fecha, dicha resolución continúa sin cumplirse. Este desacato no ha sido ni investigado ni perseguido por el Ministerio Público. Ahora ya puede atisbarse la razón de tanta flexibilidad, contrastante con otras intransigencias aún en curso. Pero tal inacción no reduce en nada la ilegalidad evidente que constituye una afrenta contra el pueblo de Guatemala.
Y no solo se ve desde dentro: también desde fuera, entes como la Misión de Observación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) señala que toda designación efectuada por órganos sin legítima integración carece de legalidad. En su comunicado, la OEA hace eco de otras exhortativas: la CC, por su rol central en el sistema democrático, debe ser integrada exclusivamente mediante procedimientos incuestionables y por autoridades plenamente válidas. Ninguno de los nominadores puede ni debe elegir magistrados con antecedentes de haber avalado el asedio contra la democracia, de amenazar la libre emisión del pensamiento o cuya designación lo convierta en juez y parte de previos procesos o casos que pudieran llegar a tan alta y crucial instancia.
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