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Cuando al servicio se le pone un precio extra

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Libre y voluntariamente, con insistencia, con promesas y hasta proclamando ideales aparecen en determinada época los aspirantes a legisladores; se disfrazan de pobladores, usan sombrero, bailan sones y critican al Congreso por sus abusos, hasta que logran convencer al ciudadano de que actuarán distinto. Saben de antemano que su período dura cuatro años, los cuales se repetirán si logran colarse de nuevo en los listados gracias a nuevas ofertas de abnegado servicio. Por eso resulta inexplicable, pero sobre todo vergonzoso y vil, el reclamo de una indemnización económica por parte de un grupo de exdiputados que no fueron reelectos.

Con razón, a menudo emiten leyes que riñen con la Constitución porque no la conocen. El artículo 110 de la Carta Magna claramente indica: “Indemnización. Los trabajadores del Estado, al ser despedidos sin causa justificada, recibirán su indemnización equivalente a un mes de salario por cada año de servicios continuos prestados. Este derecho en ningún caso excederá de diez meses de salario”.

Debe haber un despido de por medio. Nunca se habla de los cargos que tienen un plazo establecido, precisamente porque se entiende que el servidor público cesa en sus funciones y basta. El presidente, vicepresidente, diputados, alcaldes y sus concejos no sufren un despido como tal cuando termina su período, porque fueron electos para un plazo establecido y lo saben de antemano. Exactamente lo mismo aplica a magistrados a la Corte de Constitucionalidad, Tribunal Supremo Electoral, Corte Suprema de Justicia o de Apelaciones, al igual que los puestos de fiscal general, procurador de Derechos Humanos y contralor general de Cuentas.

En todos los cargos anteriormente mencionados, las personas mismas se postulan, nadie las coloca a la fuerza ni existe una relación contractual de trabajo. Pero más allá de esto se encuentra el espíritu de servicio y la disposición personal para aportar el talento profesional desde un alto cargo de la función pública, lo cual queda en entredicho cuando se reclaman derechos laborales que no figuran en ley y que son dimensionados prácticamente de forma discrecional; total, el tributante que pague.

Los magistrados salientes del Tribunal Supremo Electoral se habrían recetado una indemnización a sueldo completo en enero, camuflada como parte de un paquete que será pagado a todos los empleados de dicho organismo. En la misma línea, diputados no reelectos solicitaron el pago de una indemnización a todas luces ilegal, puesto que su cargo es de representación popular y no una contratación, una idea que se venía urdiendo desde 2017, cuando oficialistas y supuestos opositores apoyaron una moción para que se les pagara el bono 14 no sobre el salario base, sino calculándolo con dietas y otros beneficios, lo cual ya prefiguraba el robo que implica la supuesta compensación por su salida. De hecho existe una decena de exlegisladores que plantearon una denuncia contra la junta directiva del Congreso en un juzgado de Trabajo para exigir la prestación.

En un país con las necesidades de Guatemala, con grandes temas pendientes en materia de desarrollo, enormes rezagos en nutrición, educación y empleo, los altos índices de pobreza y los penosos rezagos en materia de legislación, es penoso que aquellos que alguna vez se vendieron como grandes servidores del pueblo ansíen aún una última rebanada del exiguo erario.