Estados Unidos
EDITORIAL
Cuando el sindicalismo público afecta lo público
Los servidores públicos merecen condiciones laborales dignas y estímulos por un desempeño excepcional, pero con auditoría de resultados.
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El derecho de los trabajadores a organizarse sindicalmente es incuestionable. Está plasmado en la Constitución Política de la República de Guatemala y forma parte de las conquistas democráticas. La garantía sindical ampara la representación colectiva legítima para la negociación y la defensa de condiciones dignas. Pero no es un derecho discrecional ni antojadizo, mucho menos cuando se ejerce dentro del Estado. A diferencia del ámbito privado —donde predominan relaciones contractuales entre particulares—, en el Estado rige el derecho público. Los funcionarios y empleados públicos no trabajan para un patrono privado, sino para la ciudadanía. Los recursos que financian sus salarios, sus prestaciones y sus beneficios provienen de los contribuyentes. Por ello, es lógico que el interés común deba prevalecer sobre intereses particulares. Lamentablemente, no siempre es así.
La politiquería barata —que siempre sale cara—, la demagogia y los intereses creados son, en buena medida, responsables de ciertas perversiones y por ende lesividades del concepto sindical estatal. Ciertos sindicatos del sector público negocian con cordura y responsabilidad, pero otros ejercen presiones sospechosas que no solo comprometen recursos públicos, sino dejan fuera la evaluación de rendimiento y hasta se creen exentos de cumplir órdenes judiciales.
El caso del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (Steg), todavía dirigido por Joviel Acevedo, ilustra bien ese problema. Este mes, la Corte de Constitucionalidad dejó en firme la multa de Q4 mil que deben pagar los dirigentes que continuaron el apoyo al paro de mayo y junio del 2025, que afectó a miles de estudiantes en unos cinco mil planteles. Pero, además, ayer ordenó que se certifique lo conducente para que enfrenten consecuencias legales por su desacato.
El precedente legal es valioso: Cuando un sindicato estatal paraliza o pone en riesgo servicios públicos esenciales o ignora resoluciones judiciales, no está ejerciendo un derecho, está violando otros derechos aún más amplios o extendidos. Algo similar ha ocurrido en sectores como el de salud pública, donde organizaciones sindicales han llegado a presionar por la reinstalación de personas señaladas de corrupción o por la destitución de funcionarios que intentan ordenar la gestión administrativa. El resultado no es la defensa del trabajador honesto, sino la protección de redes que distorsionan la búsqueda de eficiencia institucional pero también impactan la vida ajena: los bloqueos de ayer impidieron la locomoción de miles de personas durante horas, y con lo caros que están los combustibles, el impacto negativo aumenta.
Durante el 2024, el Estado destinó más de Q2 mil 500 millones a beneficios derivados de pactos colectivos en distintas instituciones públicas. Bonos extraordinarios, incrementos salariales automáticos, licencias adicionales y prestaciones ampliadas, cargadas al presupuesto nacional, es decir, a todo el resto de la ciudadanía que a veces no tiene ni siquiera un empleo formal. Por ejemplo, esta semana se anunciaba en el Congreso de la República el pago del denominado “bono del pescado”, cuyo nombre emana un olor propio.
Los servidores públicos merecen condiciones laborales dignas y estímulos por un desempeño excepcional, pero con auditoría de resultados. Lamentablemente, en los tres poderes del Estado se han dado casos de evidente clientelismo. Como, cuando en diciembre del 2008, el dirigente Joviel Acevedo fue despedido del sistema educativo por incumplimiento de labores. Pero al entrar el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza, en el 2009, fue recontratado. Y todavía se sigue pagando esa decisión.
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