La transparencia, la probidad y el combate de la impunidad son barreras estratégicas de país contra la penetración de mafias de trasiego de armas, trata de personas y tráfico de drogas, grupos criminales que en los últimos tiempos se han aliado o diversificado sus operaciones ilícitas en busca de más ganancias y gracias. Desgraciadamente han llegado a contar con la connivencia de algunas autoridades, locales o nacionales, de todo nivel, lo cual quedó evidenciado en los señalamientos contra la propia exvicepresidenta Roxana Baldetti y el exministro de Gobernación Mauricio López Bonilla, solicitados por la justicia de EE. UU. por presuntos cargos de narcotráfico.

La presión que tales grupos ilícitos ejercen sobre todo en áreas donde el Estado guatemalteco está prácticamente ausente resulta una afrenta para el sistema democrático y constitucional, puesto que tales territorios se ven convertidos en verdaderos feudos en los cuales no existe la autoridad legítima, no se le respeta o bien solo es una fachada. Un ejemplo de ello ocurrió en el área costera de Retalhuleu, en abril último, cuando una turba de supuestos vecinos impidió a las fuerzas de seguridad aproximarse a una avioneta quemada que presumiblemente transportaba droga.

El gran riesgo del narcotráfico, según han señalado la ONU, la OEA, la Cepal, la DEA y otras instituciones, radica en que se trata de una actividad criminal con alta rentabilidad, lo cual se convierte en un poderoso factor corruptor y una perversa motivación económica que contrasta con la falta de oportunidades de educación y empleo prevalecientes en extensas regiones de países como Guatemala y sus vecinos de la región, incluyendo a México.

Violencia, pugnas territoriales, exacciones y nuevas ambiciones terminan de configurar cuadros complicados de ingobernabilidad, anomia institucional e indefensión ciudadana. Es en este sombrío cuadro que se inscribe el más reciente e impactante episodio de la lucha contra los carteles de la droga en México: la fugaz detención de Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán Loera, quien fue condenado por una corte de EE. UU. en julio último a cadena perpetua más 30 años adicionales. La captura de Guzmán López detonó una brutal acción armada en la ciudad de Culiacán, a plena luz del día, sin respeto alguno hacia la población civil, por parte de grupos armados del cartel de Sinaloa.

Tan terrorífica y atroz fue la ofensiva que obligó al Consejo de Seguridad Nacional mexicano prácticamente a doblegarse: liberaron al detenido, bajo el criterio de que así se evitaría poner en riesgo a la población, que se convirtió en un rehén colectivo. Quizá ya lo era, y posiblemente lo siga siendo, tal como ocurre con los habitantes de ciertas áreas fronterizas de Guatemala, en el oriente, occidente y norte que son tierra de nadie. “Guatemala es un país de tránsito de precursores químicos y drogas ilícitas en ruta a mercados de EE. UU. Redes criminales explotan la posición estratégica del país, sus fronteras porosas y la extendida corrupción para facilitar el trasiego de drogas” es la descripción contenida en el Informe Anual de Control de Narcóticos de EE. UU. 2019, una realidad que solo se puede enfrentar mediante la integridad institucional, la sinergia regional y la intolerancia a cualquier forma de corrupción, que es el punto de entrada de las mafias del narcotráfico a los estamentos estatales llamados a combatir sus acciones.