Durante las últimas dos semanas, decenas de familias guatemaltecas han sido tocadas por la muerte, ante el fallecimiento de un ser querido, muchos de ellos niños, a causa de una seguidilla de accidentes de tránsito en los cuales han estado involucrados vehículos del transporte pesado, de pasajeros o particulares.

Videos y fotografías dan cuenta de cómo han ocurrido varios de estos siniestros y es inevitable señalar que en muchos de ellos es evidente la imprudencia de conductores agresivos en ruta u otros imposibilitados de maniobrar por impericia o desperfectos mecánicos.

Pese a los accidentes ocurridos en los últimos días, se sigue observando que pilotos de autobuses forman terceras y cuartas filas, rebasan en curva y/o conducen en contra de la vía. También se ha comprobado que muchos no tienen licencia profesional, conversan e incluso envían mensajes de texto frente al volante y muestran otras conductas que, además de caudas mortales, tienen un costo monetario y muchos no cuentan con seguros sobre daños.

No se puede generalizar ni crear prejuicios. Existen pilotos avezados, conocedores de rutas, respuestas físicas de vehículos y amplios defensores del mantenimiento como ruta para para atajar fallas en frenos, suspensión o dirección. Pero las estadísticas no mienten, y solo de septiembre de 2021 a la fecha la Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguros ha contabilizado 262 accidentes, los cuales dejaron 134 fallecidos y 662 personas heridas, y han representado unos Q25 millones en daños. Muchos tienen como denominador común que está involucrado transporte pesado, público o de carga.

Si el saldo material es alto, la pérdida de vidas es invaluable, así como la huella que dejan las muchas lesiones físicas y emocionales en los sobrevivientes y sus familias. En varios casos deben hacerle frente solos, ya que transportistas y pilotos no asumen su responsabilidad o no cuentan con el seguro obligatorio que permitiría apoyar en estas circunstancias.

Los últimos acontecimientos, el clamor de las víctimas y las estadísticas son suficientes razones para que el Ejecutivo no acceda, de nuevo, a prorrogar la entrada en vigor de la totalidad del acuerdo 17-2020, que incluye la reglamentación del seguro obligatorio de responsabilidad civil contra terceros del transporte de pasajeros y de carga.

Aunque quizás existan justificaciones razonables para otorgar una nueva prórroga y según algunos expertos la normativa podría necesitar revisión, por lagunas legales y posibles inconsistencias, el gobierno de Guatemala tiene la responsabilidad de pensar en la mayoría y enmendar lo que sea pertinente. Hay otra normativa complementaria que también debe aplicarse, como reductores de velocidad o capacitación, y mayor exigencia en la profesionalización de los pilotos de transporte pesado y de pasajeros.

No se debe acceder a una nueva prórroga o a derogar la normativa, aunque un grupo de transportistas amenaza con bloquear carreteras para exigir que sea derogada dicha ley, pues argumentan que es “lesiva” para sus intereses o para la economía del país.

La aplicación correcta de una ley garantizará que las víctimas o sus familias obtengan una reparación justa y ojalá sea un disuasivo para que la muerte no siga viajando sobre ruedas.