Recientes operativos policiales han puesto en evidencia los niveles de vida ostentosos que llevan quienes ahora están detenidos por vinculaciones con el delito de trata de personas. Queda claro que el coyotaje es una actividad altamente lucrativa y también desalmada, ya que deja a familias con propiedades hipotecadas o perdidas, debido a los ingentes costos necesarios para pagar la riesgosa travesía hacia el Norte. Garantías de llegar no existen y tal riesgo se ha acrecentado por el acoso de bandas de pandilleros, narcotraficantes y extorsionistas que atracan, secuestran, explotan y asesinan a indefensos migrantes que solo buscan un mejor porvenir.

La penetración de redes criminales en el tejido social y el desgaste de instituciones como la Policía Nacional Civil o el Ministerio Público se conjugan en situaciones como la acontecida ayer en Nahualá, Sololá: pobladores atacaron a las fuerzas de la autoridad cuando efectuaban un operativo para la detención de un coyote local. Se trata de toda una contravención a la seguridad pública y, obviamente, de un delito, pero en el contexto actual de ambigüedades oficiales y desorganización policial es probable que quede en la impunidad, lo cual constituye una afrenta al papel del Estado.

Por otra parte, es necesario resaltar que de poco sirve detener a cinco traficantes de personas cuando las causas que originan la migración ilegal no solo persisten, sino que se han incrementado. La falta de empleo, la carencia de oportunidades de desarrollo para los jóvenes y la práctica ausencia del Estado en comunidades rurales detonan la sensación de desamparo. Esta situación es un caldo de cultivo en el cual crece la idea de huir en busca de un sueño incierto.

Ineficiencias estatales en la atención de emergencias climáticas constituyen una vieja causa de migración que aún tiene vigencia. Para muestra basta observar lo ocurrido en comunidades de Izabal afectadas por las inundaciones de las tormentas Eta e Iota. Los habitantes perdieron todo: siembras, animales, vivienda, ropa, ahorros, alimentos. Se anunciaron con música y todo algunos programas de ayuda, pero las realidades y los rostros de guatemaltecos hablan por sí solos. Jóvenes con la mirada perdida, madres sumidas en la desesperanza, casas cuyos habitantes emprendieron camino al Norte, con o sin coyote.

Mientras el oficialismo siga enfrascado en su intento por copar poderes en favor de agendas unívocas; mientras el Ejecutivo mantenga el mismo rumbo de hace 30 años, con excesivos gastos en burocracia y magra inversión en el desarrollo y mientras las giras presidenciales sigan tocando puntos promocionales y no las verdaderas áreas de precariedad continuará la migración que tanto presumen combatir.

Es deplorable que los vecinos protejan a cabecillas de bandas de trata, pero a la vez se necesita que no salga una sola llamada de las prisiones ni una sola orden más de asesinar a una víctima de extorsión, pues tal asedio también ha obligado a muchos guatemaltecos a huir. Es lamentable que existan personas que amasen fortunas a partir de la pobreza ajena, pero a la vez indigna que funcionarios y diputados desayunen, almuercen, cenen y refaccionen con dinero público cuando existen niños con hambre en las montañas del Corredor Seco. Es necesario entender que el éxodo forzoso de miles de connacionales persiste a causa de la incapacidad de trazar una hoja nacional de ruta coherente.