Estados Unidos
EDITORIAL
Cuatro décadas de custodia constitucional
La expectativa ciudadana es clara: que quienes asumirán el cargo actúen con apego estricto a la Constitución.
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El próximo 9 de junio, la Corte de Constitucionalidad (CC) cumplirá 40 años de existir como institución garante del respeto a la Carta Magna, el Estado de derecho y las garantías ciudadanas. Estará en funciones la novena magistratura, tras la finalización del proceso de designaciones de magistrados titulares y suplentes, en un proceso no exento de controversias. En abril próximo deben asumir funciones los magistrados, elegidos o reelegidos por los entes nominadores: Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), Consejo Superior Universitario (CSU), Corte Suprema de Justicia (CSJ), Legislativo y Ejecutivo. En ese orden fueron anunciando sus designaciones.
El Consejo Superior Universitario ratificó a sus designados ayer, después de señalamientos hacia la magistrada Julia Marisol Rivera, por supuesta falsificación de un requisito, objeción que fue desechada. Están pendientes de resolver recursos referentes a la forma de elección en la CSJ, que reeligió por voto mayoritario a dos magistradas, pero por eso mismo es poco probable que prosperen dichas acciones.
El proceso de convocatoria de aspirantes, calificación de expedientes y selección final estuvo dominado por críticas, tachas o elogios hacia determinados perfiles, cuestionamientos sobre procedimientos o sospechas de afinidades políticas o institucionales y rumorosos cabildeos dentro o fuera de las fronteras. Ríos de tinta y bytes motivaron la postulación de la actual fiscal general, Consuelo Porras, ante la Usac y la CSJ, que no la eligieron. La agitación en la designación no es nueva y refleja en sí la profunda relevancia que esta institución, apodada la “corte celestial”, en alusión a sus siglas y alcances, tiene en el equilibrio y resguardo del sistema democrático.
El escenario actual muestra matices distintos respecto de la magistratura saliente, cuya elección fue percibida con una orientación bastante homogénea, debido a los alcances y afinidades del anterior oficialismo con los otros nominadores. La integración de la novena CC no parece responder a un “cartón lleno” de una sola visión jurídica o política. Existen trayectorias, perspectivas y respaldos institucionales distintos que podrían traducirse —si se actúa con visión de Nación— en una deliberación más plural dentro del tribunal. Cabe destacar que el pleno de titulares tiene una mayoría de mujeres y que se designó, por parte de la Presidencia, a la primera magistrada constitucional indígena.
La CC no depende únicamente de quiénes la integran en lo individual, sino de cómo ejercen colegiadamente sus capacidades y funciones una vez investidos. La historia reciente del país ha demostrado que los fallos de esta entidad son fundamentales para la gobernabilidad, en la protección de derechos y la interpretación del marco constitucional. Es necesario hacer constar que la magistratura saliente cumplió en 2023 con el alto deber histórico de proteger los resultados electorales y, por ende, con el respeto a la voluntad ciudadana, ante el asedio a la democracia emprendido desde el Ministerio Público (MP).
La expectativa ciudadana es clara: que quienes asumirán el cargo actúen con apego estricto a la Constitución y no a intereses coyunturales. En un país donde la institucionalidad suele ponerse a prueba con frecuencia, la CC debe asegurar el respeto al debido proceso y resguardar las libertades. La nueva magistratura debe fortalecer la confianza pública en el tribunal y ya no se trata de quién la eligió o qué sectores respaldaron su designación, sino de cómo responderán al pueblo de Guatemala.
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