Estados Unidos
EDITORIAL
Cuestionable mensaje en una coyuntura crítica
Redoblar la seguridad en los perímetros es clave, pero más aún demostrar fortaleza.
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Aluvión de críticas le ha caído al Ministerio Público por no haber incluido el delito de asesinato durante la audiencia de primera declaración del pandillero Harol Salguero, a quien se le decomisó un arma ilegal y un celular en el cual había un video que lo implica en uno de los mortíferos ataques coordinados que causaron la muerte de 10 policías. La brutal ofensiva criminal de la mara Barrio 18 se desató en respuesta a la recuperación del control de penales y el sometimiento de cabecillas el domingo. La muerte de los agentes ha causado amplia indignación ciudadana, exigencias masivas de justicia y vehementes llamados a aplicar la ley antipandillas que los tipifica como terroristas tan solo por su pertenencia, para sentar precedentes ejemplares.
A pesar de los indicios incriminantes, Salguero fue ligado a proceso solo por los delitos de portación de armas y posesión de drogas, pero no por la muerte de agentes. Testigos de la audiencia reportaron que fueron los delitos solicitados por el fiscal a cargo. Ayer, la fiscal general salió a refutar las críticas del presidente Bernardo Arévalo, explicando que más adelante se pueden agregar delitos según avance la pesquisa. La institución también publicó un comunicado en el cual da su explicación a lo actuado y prácticamente le endosa al juez la responsabilidad de tal decisión.
El documento afirma que “presentó indicios racionales suficientes con los cuales el juez resolvió ligar —al señalado— a proceso penal” por los delitos ya mencionados. Luego, agrega que fue el MP quien puso “a la vista del juez diversos indicios recabados”, entre ellos videos y audios en los que se presume “el sindicado habría coordinado con otros individuos la comisión de otros hechos delictivos que también se encuentran bajo investigación”. ¿Por miedo a no poder demostrarlos?
¿Por qué no formular, con base en los “indicios racionales”, la acusación de asesinato, dado lo crítico de la coyuntura y del fuerte mensaje que se busca brindar a las bandas criminales? Ya si el juez no la otorgaba, era su decisión. Cabe decir que una de las críticas más repetidas a lo ocurrido es que, sin muertes ni actos violentos, los fiscales han invocado el delito de terrorismo en contra de dirigentes indígenas, a lo cual se sumó otra detención reciente, bajo similares cargos contra un expresidente de los 48 Cantones de Totonicapán.
Otros pandilleros detenidos en operativos del estado de sitio han declarado a medios periodísticos su filiación pandillera e intención de matar a policías, a quienes se refieren de manera deplorable. ¿También a ellos se les sindicará solo por portación de armas y drogas? Es un mal mensaje en un momento crítico. La Fiscalía esgrime las cifras de capturas y condenas de pandilleros, lo cual está bien, porque es su simple y llana obligación dar resultados. Pero estamos todavía en un período de riesgo que no admite pifias.
Por otro lado, si bien se necesita resguardar vidas del personal policial, los múltiples bloqueos de calles completas frente a sedes policiales puede ser una buena respuesta emergente y rápida, pero no debería extenderse por demasiado tiempo. Primero, porque denota temor. Segundo, porque impacta en el tránsito citadino, ya de por sí caótico. Tercero, porque los ciudadanos no cuentan con tales privilegios y la amenaza de los antisociales es a toda la ciudadanía en su conjunto. Redoblar la seguridad en los perímetros es clave, pero más aún demostrar fortaleza. Juzgados de turno ya empiezan a pedir vigilancia policial y, a ese paso, ¿quién cuidará a la gente de a pie? Nuestra más profunda condolencia a la fuerza policial y a los deudos de los agentes ultimados. Ni el temor ni las excusas traerán justicia a su memoria.
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