La cifra es pasmosa por sí sola: Q897 millones de pérdidas económicas tan solo en el sector agrícola dejaron las lluvias de los huracanes Eta e Iota. Siembras de maíz, frijol, plátano, banano, tomate, cebolla, café y cardamomo fueron afectadas sobre todo en cuatro departamentos del nororiente: Petén, Alta Verapaz, Izabal y Zacapa, pero no son los únicos.

A causa de la destrucción o daño severo de cosechas, muchas familias quedaron en total incertidumbre alimentaria, pues en muchos casos se trata de cultivos de subsistencia con algún pequeño excedente para la venta. Ese recurso ahora no existe o quedó diezmado. Para colmo de males, se ha producido un encarecimiento en algunos productos de consumo básico, tales como el frijol negro y el maíz blanco.

Según las cuentas de las autoridades, hay 204 mil 500 familias afectadas en los departamentos que fueron contemplados para atención por estado de Calamidad. Sin embargo, existen personas que no fueron tomadas en cuenta por encontrarse en municipios como Jalapa o Baja Verapaz, en donde no se impuso la medida de Excepción.

Hasta ahora aún es muy poco clara la estrategia con la cual el Gobierno atenderá este impacto productivo y humano. De no abordarse de manera inteligente, sistematizada y efectiva, se corre el riesgo de incubar un desastre humanitario de grandes dimensiones. De hecho se creó una enorme expectativa cuando el presidente Alejandro Giammattei anunció que el vicepresidente Guillermo Castillo sería el encargado de coordinar el gabinete de emergencia y reconstrucción. A los pocos días este anuncio se revirtió al confirmar el mandatario que él estaba al frente de esta tarea, cuyas prioridades aún no se visibilizan.

Cabe señalar el drama que afronta la comunidad de Campur, en San Pedro Carchá, Alta Verapaz, cuyo casco urbano todavía está convertido en una extensa e inimaginable laguna, por efecto de la combinación de lluvias, la constitución del suelo kárstico y la falta de drenajes naturales. Si bien se trata de un fenómeno de proporciones prácticamente inéditas, de igual forma debería existir una comisión gubernamental a cargo de evaluar posibilidades de drenaje, de asistencia a los pobladores e incluso de un eventual traslado de la comunidad. Lamentablemente, la respuesta del Estado ha sido lenta y fragmentada. Prueba de ello fue el donativo proveniente de misioneros salvadoreños que estuvo varado varios días en la frontera, debido a una razón ridícula: no se pudo agilizar una simple exención de impuestos, con lo cual se privó a damnificados de un poco de consuelo en su dificultad.

El componente de vulnerabilidad climática debe formar parte de los planes de administración nacional y municipal, con un abordaje de prevención que resulta impostergable. Sin embargo, existe un círculo vicioso que deja tales planes relegados a las pocas semanas de ocurrido un desastre. Un ejemplo de esta desidia cíclica es la necesidad de dotar al Instituto de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de más equipo para el monitoreo de ríos y cuencas, así como completar el sistema de radares: un proyecto que cobró nuevo auge tras las crecidas de ríos que anegaron barrios en Cobán y Carchá, pero del cual nadie habla más en este momento como una prioridad. Resultará imposible tener resultados distintos a la hora de un futuro evento climático si ahora se siguen las mismas prácticas de siempre. Solo con un cambio de paradigma se puede pasar del desastre a la transformación.