Que un gobernante se reúna en privado con ciertos candidatos presidenciales en plena época de campaña, sin explicar claramente el porqué de las citas selectivas, es cuando menos un motivo de objeción ética y una sospecha de conflicto de interés; que un candidato de esos haya sido capturado en suelo de EE. UU. por cargos de narcotráfico, posteriormente admitidos por el acusado, ya adquiere tintes de escándalo, sobre todo si la reunión ocurrió en la hacienda del señalado. Esto, cuando menos, ya debería haber originado una investigación de oficio por parte del Ministerio Público. Pero si faltaba un acicateo para profundizar la pesquisa, este provino de una corte del distrito sur de Nueva York, que sentenció a 15 años de cárcel a Mario Estrada, expresidenciable y fundador del partido Unión del Cambio Nacional (UCN).

Estrada se declaró culpable. Quedaron grabados sus compromisos con supuestos integrantes de un cartel que en realidad eran agentes encubiertos de la Agencia Antidrogas de EE. UU, la DEA, que le ofrecieron financiamiento secreto para su campaña y por lo cual recibió una primera entrega de US$10 mil en un furtivo encuentro en Miami, el cual sirvió de incontestable evidencia en su contra.

Hace exactamente dos meses, el Registro de Ciudadanos del TSE emitió la resolución 761-2019, que ordena la cancelación del partido político UCN, por infringir las normas de financiamiento a las organizaciones políticas. Cabe decir que los indicios que fundamentan la sanción corresponden a aportes no reportados en 2014 y en la primera vuelta de las elecciones del 2015. La cancelación se anunció a inicios del 2019, pero el proceso quedó detenido a causa de los comicios. Un día después del anuncio del TSE, la UCN apelo la decisión y, hasta la fecha, el máximo organismo electoral no ha anunciado su fallo definitivo.

Más allá de los entretelones del almuerzo de gallina con crema y loroco al que Estrada invitó al ahora expresidente Jimmy Morales —tan solo 13 días antes de la captura del entonces candidato—, cabe resaltar la necesidad de mayores y más estrictos controles en los montos y orígenes de los aportes en dinero o especie para las organizaciones políticas, una tarea que hasta la fecha depende en gran medida de los monitoreos del TSE, los cuales toman como base las declaraciones de los partidos, un mecanismo bastante endeble y tardado, a pesar de las posibilidades que provee la tecnología actual. Es por ello que resultan impostergables las reformas a la Ley Electoral, pero sobre todo a la Ley contra el Lavado de Dinero y otros Activos, que podría dotar de mejores herramientas a la Intendencia de Verificación Especial (IVE), entidad que ha sido clave en la detección de flujos ilícitos provenientes de actos de corrupción, del narcotráfico, extorsiones y otras actividades delictivas.

En lugar de llegar a ser presidente, Estrada se convirtió en un precedente que debería constituir un disuasivo para todas aquellas personas que intenten instrumentalizar la política como un vehículo para hacer viable la impunidad o para legalizar manejos aviesos del poder público. Esto tiene especial significancia en el momento actual, cuando se desarrolla la integración de nóminas finales de aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones, cargos que son codiciados por operadores políticos y oscuras facciones que medran con la impunidad y el manipuleo de procesos. Por ello es tan importante que el TSE y el MP actúen oportuna y enérgicamente en el marco de la ley, para crear esperados antecedentes locales.