La aprobación legislativa del préstamo Crecer Sano del Banco Mundial abre una ventana de oportunidad para que miles de madres e hijos de siete departamentos afectados por la desnutrición crónica puedan recibir asistencia alimentaria, control médico y saneamiento de agua. Sin embargo, cabe hacer notar que el tiempo transcurrido para que esto sucediera constituye un alto costo de oportunidad y una afrenta a las necesidades del país, puesto que la iniciativa de este plan fue presentada en la dirección legislativa del Congreso desde el 5 de septiembre de 2017.

Un año con cinco meses y 22 días se demoró el aval definitivo para este proyecto que busca asegurar un futuro para sectores vulnerables debido a la condición de pobreza. Otras discusiones e iniciativas mucho menos relevantes o de interés solo para determinados sectores políticos se plantearon, discutieron y aprobaron con mayor celeridad durante ese tiempo. Esto también se puede traducir afirmando que el comienzo de acciones contra el flagelo alimentario pudo haber comenzado por lo menos un año antes, tiempo durante el cual nacieron más bebés con deficiencias nutricionales, más niños y niñas fueron privados de atención y más madres sobrellevaron embarazos sin los suplementos necesarios.

Es innegable que la presión de varios sectores fue fundamental para conseguir esta aprobación. Vale afirmar esto porque más de un congresista o grupo podría intentar vender ese aval como un logro en año electoral, pese a la evidente parsimonia con que fue manejado el tema. Inclusive hubo diputados que razonaron su voto afirmando que fiscalizarán el proyecto, cuando en realidad este se caracteriza por su cuentadancia.

Si los diputados buscan demostrar una actitud coherente, podrían continuar con la apertura de una discusión responsable de otras normas urgentes que llevan largo tiempo engavetadas, tal el caso de las reformas a la Ley de Servicio Civil, que fijaría criterios objetivos para la designación de puestos y salarios, controlar la plaga de las plazas fantasma y propiciar la meritocracia, a fin de alejar los manejos clientelares y los nombramientos antojadizos en cargos de públicos.

Otra norma con dictamen favorable es la Ley de Infraestructura Vial, que tiene por objetivo crear un nuevo modelo para la adjudicación y construcción de carreteras, un factor clave para el desarrollo comercial e industrial del país, cuyo debate debería ser priorizado a fin de que el próximo Organismo Ejecutivo pueda emprender un plan integral en la materia. También se encuentra pendiente la Ley de Reactivación Económica del Café, un sector que sigue siendo pilar fundamental de las exportaciones y del cual dependen miles de familias, pero que afronta una crisis que requiere de apoyo concreto. No menos importante es la iniciativa 5500, que impulsa la creación de Pro Guatemala, un instituto de promoción comercial cuya primera misión sería la creación de una marca país de cara a la atracción de inversiones y fomento de la productividad.

Crecer Sano corre contrarreloj, puesto que se debe gestionar la extensión de plazos para su implementación, pero más aún corre el tiempo en contra para la actual legislatura, porque le queda menos de un año para rescatar algo de lo que pudo haber hecho en los tres anteriores y con ello tener, al menos aquellos diputados que aspiran a la reelección, algún argumento válido para volver a pedir la confianza de los ciudadanos.