Estados Unidos
Editorial
Decomiso récord y prioridades de EE. UU.
En el Congreso de la República ya casi cumple seis meses de estar varada la iniciativa de modernización del combate del lavado de activos.
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Un empleado de Puerto Quetzal que no estaba de turno intentó agilizar la salida de un par de contenedores en pleno 24 de diciembre. Habían sido descargados de un buque procedente de Costa Rica el 22 de ese mes. Supuestamente, pasaron por el procedimiento usual de inspección, fumigación y rayos X. Pero agencias de inteligencia estadounidense alertaron a las autoridades acerca de que algunos contenedores de aquel embarque podrían contener droga. La orden de inmovilización se emitió el 23 de diciembre, pero a las 8 de la mañana del 24 ya había dos furgones movidos al área de despacho, casi listos para salir en tráileres. Fueron devueltos y revisados. Cada uno tenía al menos 600 kilos de cocaína. Resultado: el mayor decomiso de la historia de Guatemala y la confirmación de la pertinencia del acompañamiento de agencias de Estados Unidos en la gestión de seguridad portuaria.
Este suceso marca un logro, pero a la vez abre preguntas sobre cuántos alijos han entrado así a Guatemala, rumbo a México y Estados Unidos, gracias a la complicidad de empleados traidores de su misión y de su patria. Durante demasiado tiempo, las portuarias del país se han manejado con leyes obsoletas, gestiones discrecionales y cadenas de intereses oscuros. Pero dadas las prioridades de seguridad nacional de Estados Unidos fijadas por la administración de Trump, no hay más espacio para tales discrecionalidades, descuidos o infiltraciones.
Y es que la auditoría efectuada entre agosto y diciembre del año pasado por la Guardia Costera de EE. UU. arroja la necesidad de crear una autoridad portuaria eficiente, con una ley robusta y capacidades para el combate de amenazas transnacionales, incluyendo el contrabando de drogas, armas, personas y mercancías.
Es obvio que esta práctica del trasiego portuario es una escala que se debe combatir, sí, por supuesto, pero también se necesita atajar el principal elemento corruptor: el dinero y activos sucios que se pueden utilizar para la compra de voluntades de empleados, así como de funcionarios, ediles, agentes policiales e incluso diputados. Aún se puede recordar la confesión de narcotráfico del vergonzoso exdiputado José Armando Ubico, que llegó al Congreso con el partido Todos en dos ocasiones y fue oficioso aliado legislativo del anterior oficialismo: fue sentenciado a 18 años de prisión hace casi un año, pero duró demasiado tiempo procurando cargamentos de droga, según él mismo declaró ante un juez.
Y cabe recordar que en el Congreso de la República ya casi cumple seis meses de estar varada la iniciativa de modernización del combate del lavado de activos. La actual ley tiene muchas limitaciones, está desfasada y requiere abarcar más actividades que no existían en el 2001, cuando fue emitida. De los diputados provenientes de narcopartidos nada bueno se puede esperar, pero se supone que existen otros que declaradamente expresan su admiración al gobierno de Trump, su repudio a la criminalidad y una reputación impoluta: bueno, pues que se mire cómo agilizan la aprobación de esta norma, que a su vez está conectada con el combate del financiamiento electoral ilícito: algo que los mismos partidos políticos han tratado de rebajar, en lugar de fortalecer.
El encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unido, John Barrett, reiteró el primordial interés de la actual administración en asegurar los puertos y poner coto a las narcofechorías. Aquellos que pagaron cabildeos para la remoción del embajador anterior, se topan con la misma agenda o quizá una aún más fuerte e institucional, con la cual el actual gobierno colabora de lleno.
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