Hace falta una perspectiva historicista, consciente y responsable para valorar el actual proceso eleccionario, a pesar de sus defectos, de los desencantos y aun de las desventajas para ciertos grupos interesados que no fueron favorecidos por el voto ciudadano o bien cuyas aspiraciones se quedaron en el camino debido a fallos judiciales que pudieron resultar polémicos para los afectados, pero que a fin de cuentas se sustentaron en el sistema legal establecido; en otras palabras, la institucionalidad hizo lo suyo, y no depende ello de conveniencias o gustos.

La historicidad aludida anteriormente hace referencia directa a los períodos previos a la actual era democrática, durante los cuales la evidencia del fraude era perceptible y rayaba con la desfachatez, no solo en la primera votación, sino porque no existía segunda vuelta puesto que el Congreso o la Asamblea Nacional decidían entre los dos primeros lugares, en una metodología que imperó por más de cien años y que dio lugar a numerosas elecciones amañadas. La mayoría de votantes no vivió estas circunstancias, por lo cual es importante que conozcan tan nefastos antecedentes a fin de justipreciar la coyuntura.

El país se encuentra de hecho a punto de elegir a la persona que presidirá la nación, entre dos opciones políticas cuyo margen de maniobra es limitado dadas las circunstancias geopolíticas, los recursos fiscales disponibles, la creciente conflictividad y las ingentes necesidades sociales. La propuesta de ambos se ha limitado a subrayar lugares comunes, seguramente bajo la guía de estrategas que apelan a los problemas que más eco hacen en la mente de grupos objetivos.

Se esperaban debates de altura, que no existieron debido a la actitud reacia de uno de los bandos, posiblemente como parte de las tácticas trazadas de antemano. Resulta curioso que los candidatos vicepresidenciales desarrollaran diálogos con notoria altura política y argumentos técnicos sobre las políticas agrícolas y empresariales, lo cual augura desde ya compañeros de fórmula más proactivos, asertivos y competentes que el actual. Lamentablemente, el poder recae sobre la Presidencia, y no sería la primera vez que un vicemandatario intelectualmente superior se ve relegado en su influencia.

Se pudo esperar también un acuerdo histórico para establecer una agenda de prioridades, para que quien sea que ganara contara con el apoyo necesario para atender en serio la desnutrición crónica, transformar la educación, generar condiciones estables de inversión y asegurar una ruta de transparencia coherente. Por el contrario, existen señales lamentables, de ambos lados, de querer clamar por un supuesto fraude si no resultaran favorecidos: un recurso inmaduro e irresponsable propio solo de intolerantes.

El Tribunal Supremo Electoral tiene el compromiso de subsanar los lamentables errores de la primera vuelta. Partidos y presidenciables están aún a tiempo de emitir una declaración sensata de respeto a los resultados. Los sectores con conflictos de interés que insisten en empujar una aviesa deslegitimación del proceso deben evaluar su afán a la luz de las lecciones históricas y de criterios éticos. La ciudadanía debe meditar su voto y acudir con espíritu constructivo para expresarlo en la papeleta, a fin de poder reclamar resultados. Toda maniobra legal, propagandística o politiquera que atente contra la continuidad democrática merece no solo rechazo cívico, sino todas las consecuencias civiles y penales previstas por la propia institucionalidad nacional.