La política de gobierno presentada en el 2016 describía diversas acciones políticamente correctas y aparentemente viables para impulsar la seguridad alimentaria, las cuales, al ser examinadas en aquel momento, parecían demasiado generales, pero a la vez bastante difíciles de cuestionar so pena de pasar por críticos intransigentes a comienzos de una nueva administración. No obstante, al volver a revisarlas, en las postrimerías del período de Jimmy Morales, la formulación generalista pasa a ser un presagio, si acaso no un deliberado engaño. Por ejemplo, el inciso h) dice: “Impulsar las intervenciones efectivas para la reducción de la desnutrición crónica con base en la evidencia científica y ejecutarlas de manera integral”.

No hubo intervenciones efectivas ni reducción, ni se ejecutaron integralmente ni se basaron en evidencia científica. Por el contrario, se manipularon los parámetros de evaluación para dar la impresión de que había avances, pero en realidad solo se trataba de estadística trucada. No solo no se redujo el impacto de la desnutrición crónica, que afecta a la mitad de los niños guatemaltecos, sino que se incrementó en varios municipios del Corredor Seco, una de las áreas que más atención necesitaban —y necesitan—, una contundente evidencia del fracaso de una gestión que perdió tiempo en procesos burocráticos y supuestas depuraciones de beneficiarios y que en el año electoral apresuró los programas con una clara finalidad clientelar que a la larga también fue un fracaso en las urnas. Coincidentemente, entre el 2016 y el 2019, organismos nacionales e internacionales evaluaron a más de cuatro mil niños por año, y los resultados fueron de un aumento de hasta 6.9% en la desnutrición en varias localidades.

La promesa electorera de los últimos gobiernos era reducir en 10% este flagelo, así que el fracaso no es exclusivo del gobierno feneciente, puesto que la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesán), cuyo cierre fue anunciado por el presidente electo, Alejandro Giammattei, fue creada en el 2005 como parte de un sistema nacional integrado por varios ministerios. Antes de ella existieron otras acciones con pocos resultados, principalmente a causa de la manipulación demagógica y uso clientelar de proyectos estatales alimentarios, ya sea por parte de funcionarios, alcaldes y diputados.

No se trata solo de repartir víveres o granos básicos, sino de atajar las causas directas e indirectas, como las crisis económica y climática de las localidades, la falta de servicio de agua potable, las carencias viales que dificultan el comercio o el desarrollo del turismo comunitario, así como la ausencia de apoyo técnico para desarrollar miniproyectos agrícolas o artesanales con pertinencia cultural. Basta con recorrer el oriente guatemalteco para constatar que las familias campesinas se encuentran al borde de una nueva temporada de inanición, debido a la pérdida de cosechas.

Recién se lanzó una nueva iniciativa ciudadana, Nútreme, que busca crear conciencia sobre la importancia de reducir los índices de desnutrición y lograr más participación de la sociedad. Existen a su vez otros esfuerzos privados, como los auspiciados por la Fundación Mariano y Rafael Castillo Córdova, cuyo proyecto líder es la comunidad Tzununá, en Sololá. No obstante, es indispensable el involucramiento del Estado para que se garantice la superación de este desafío nacional, sin la cual miles de guatemaltecos están sentenciados a sufrir secuelas irreparables.