En menos de dos horas, el bloque oficialista y adláteres del Congreso de la República votaron y eligieron a los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia sin mayor discusión. Ello ocurrió tras un apagón que impactó en múltiples actividades. Y no nos referimos al corte eléctrico que abarcó varias zonas ayer: la súbita celeridad contrasta con los cuatro años de atraso para efectuar tal designación pública y pone en evidencia el dolo con que el punto fue agendado en 259 ocasiones, pero no abordado. Ni siquiera se intentó avanzar con tan gorda obligación hasta que la demora se hizo insostenible.

No es difícil hipotetizar sobre implícitas negociaciones circundantes, sobre todo al notar que algunos de los nuevos magistrados de la CSJ, específicamente tres, figuran entre los asiduos visitantes en el 2020 del operador político Gustavo Alejos, hoy convicto por el caso Negociantes de la Salud. Esas reuniones subrepticias, que involucraron incluso a postuladores, candidatos, magistrados y diputados, ocasionaron la suspensión temporal del proceso. La desidia, o más bien la conveniencia del oficialismo de continuar con la CSJ electa por el contubernio Patriota-Líder, marcó su permanencia en tiempo extra.

Los 13 magistrados electos tienen un período legal que durará menos de 11 meses, debido a que deben entregar los cargos el 13 de octubre de 2024. Falta la designación de más de 250 magistrados para integrar salas de Apelaciones, un estamento clave del aparato de justicia, pues en sus manos tienen manejar impugnaciones a procesos e incluso a condenas. Es previsible que las votaciones estén sujetas a conversaciones, ofrecimientos, afinidades políticas e incluso a conflictos de interés aún por develarse.

También es muy probable que ciertos allegados del oficialismo busquen efectuar conjuras con las nuevas cabezas del OJ, de la misma forma que se hicieron furtivos cruces de promesas en el 2014 con los ahora magistrados salientes. Sus acciones a lo largo de los últimos cuatro años extemporáneos son elocuentes. Dada la CSJ actual, es muy difícil que pueda existir otra más cuestionada, y ante su carácter prácticamente transitorio, a todos estos magistrados les conviene desempeñar una gestión digna, coherente, apegada a derecho y a los legítimos intereses del pueblo de Guatemala. Se puede ser pesimistas y pensar que existe la posibilidad, el riesgo, de mayor decadencia en el poder judicial, pero a la luz de los abusos antidemocráticos, asedios judiciales y enérgicos repudios ciudadanos, se puede aconsejar a los nuevos magistrados que les sigan la corriente a los mandaderos y traficantes de favores, pero que, una vez en el cargo, se conduzcan con integridad, profesionalidad y apego absoluto a las garantías y obligaciones dictadas por la Constitución de la República.

El día de la votación coincidió con la sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos para evaluar la crisis política guatemalteca. La resolución señala al Ministerio Público de atentar en contra del proceso electoral y la voluntad ciudadana, en detrimento del estado de Derecho y la democracia. También ayer, el Congreso aceleró la designación de una comisión pesquisidora contra ocho magistrados del Tribunal Supremo Electoral por una supuesta compra anómala del sistema de transmisión de datos de los comicios. La CSJ saliente avaló los antejuicios, pero estos ya fueron impugnados por notorios vicios en su formulación. La situación es crítica y por ello el contexto es propicio para hacer que 10 meses y pico valgan más que cuatro años perdidos.