EDITORIAL

Detrás de los números hay vidas reales

Cuando se evalúa anualmente el rendimiento matemático de los graduandos de diversificado, el asunto parece tan solo una cuestión pedagógica orientada a lograr una mejora del desarrollo en el razonamiento abstracto, a una mejora en los planteles que se relaciona con un buen desempeño en el campo universitario. Sin embargo, la matemática, una ciencia abstracta, puede contribuir a salvar vidas concretas, a través de la gestión adecuada de cifras, indicadores y modelos de estadística epidemiológica. Lamentablemente, en Guatemala, el deficiente manejo de los datos constituye un problema subyacente que ha lastrado la lucha contra el covid-19 y otros males, ya sea por ignorancia o negligencia, por politiquería que oculta datos incómodos o por subregistros de inercia burocrática.

Una de las principales recomendaciones de organismos internacionales para hacer frente a amenazas de salud es, desde hace décadas, la existencia permanente de equipos nacionales dedicados a la recopilación y cotejo de datos, no solo integrados por médicos, sino también por expertos en estadística e informática.

Lamentablemente, las características ambiguas del covid-19, los casos asintomáticos y hasta la tardanza en el lanzamiento de una alerta mundial se conjugaron con los problemas nacionales en el procesamiento de cifras de casos, las cuales se extendieron durante semanas e incluso meses. Un ejemplo de este desfase fue la denuncia del jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud, a mediados de junio, quien presentó previamente su renuncia para poder señalar vacíos en las cifras oficiales de decesos. A la fecha, todavía se efectúa una auditoría, bajo la nueva administración ministerial, cuyos datos podrían estar disponibles la próxima semana.

Guatemala padece los efectos de la lentitud en la provisión y la calidad de datos estadísticos de todo tipo. Los gobiernos dan poca importancia a las cuantificaciones nacionales como estrategia de competitividad, hasta que se encuentran en un punto crítico. Así ocurrió con la demora en la realización del censo de población 2018, a causa de lo cual había numerosas estimaciones hechas sobre proyecciones. Hasta para el anuncio de los resultados hubo confusión, pues por cuestiones de promoción gubernamental se lanzaron datos inexactos que fueron posteriormente corregidos.

La cultura de la provisión de datos públicos ha adolecido de un histórico descuido, lo cual tampoco es solo producto de la casualidad. Detrás de esta aparente parsimonia puede existir el dolo de querer ocultar información que comprometa negocios, concesiones, tráficos de influencias y hasta políticas estatales implementadas de manera errónea. A estas alturas de la historia democrática y el desarrollo tecnológico, la provisión de cifras detalladas de ingresos, egresos, asignaciones, adquisiciones o inversiones debería estar actualizada prácticamente en tiempo real.

Los sitios digitales de la gran mayoría de dependencias del Estado tienen información vieja, incompleta, incluso trivial, para cubrir las apariencias. Cualquier gobierno que se precie de ser transparente debería acometer la tarea de exigir a todos sus funcionarios la actualización de sus registros de gastos, plazas y contratos, pero lo usual al requerir este tipo de detalles es el uso de la Ley de acceso a la información como dilación. Esta resistencia pasiva o debilidad institucional termina costando vidas, ya sea por desnutrición, por falta de asistencia económica a tiempo o incluso por desfases en la provisión de insumos hospitalarios o equipo de protección para los médicos que combaten la pandemia.

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