Los vicios politiqueros parecen haber pasado de ser repudiables excepciones en los albores de la democracia guatemalteca, a convertirse en comportamientos cada vez más recurrentes pero igual de abominables: clientelismo, tráfico de influencias, negociación de favores, conflictos de intereses, tratos bajo la mesa, trasiegos de votos, financiamiento electoral de dudosa procedencia y más.

El Congreso de la República, máxima representación constitucional de la voluntad popular, trae en cada legislatura nuevos ejemplos de conductas aviesas, displicentes y claramente ajenas a los preclaros intereses de la Nación. El poder conferido parece convertirse en catalizador de una reacción en cadena que mezcla los elementos mencionados al principio con otros componentes también dañinos, como la ignorancia supina del marco legal y del espíritu de las leyes, así como una total indiferencia respecto de las prioridades nacionales de desarrollo, lo cual da como resultado un cíclico desencanto ciudadano.

No sirvió de nada que los actuales legisladores hayan sido electos seis meses antes de tomar posesión, a fin de concordar un programa innovador de leyes para potenciar la economía en un momento que ya era crítico antes del coronavirus. Ahora, con la pandemia encima del presente y el futuro cercano, es imperiosa la formulación y aprobación de iniciativas de ley funcionales, la discusión de reformas largamente relegadas y la actualización de reglamentos obsoletos. Sin embargo, ante el evidente desinterés de señoras y señores legisladores, sobre todo de la alianza oficialista, solo queda reclamarles por los ofrecimientos que hicieron cuando eran candidatos vestidos con traje de oposición.

El sector empresarial organizado lanzó una agenda de reactivación económica que incluye 27 propuestas para ser implementadas durante la próxima década. Algunas ya se encuentran en puerta, pero la gran mayoría de estos proyectos precisa de leyes que no existen o que están rebasadas. Se requiere de una respuesta inmediata, ágil, proactiva y madura de los diputados, que por ahora parecen más interesados en entrampar aún más la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones, o en hundir a quienes consideren obstáculo para sus propósitos.

Es posible que la iniciativa mencionada no constituya una panacea y es válido que universidades, institutos de investigación, organizaciones sociales y los propios partidos políticos planteen alternativas que enriquezcan la discusión. Sin embargo, el gran problema es que no hay tiempo para circunloquios, dilaciones o pretextos. De hecho, la presa de al menos 17 leyes esenciales para el avance no es nueva, por lo cual debería ser asunto de urgencia nacional.

Viabilizar proyectos estratégicos con modelo público privado, crear un ordenamiento fiscal eficiente, estimular la generación de empleo a tiempo completo y parcial, aprobar la ley de interés preferencial para facilitar el acceso a vivienda, emitir una nueva ley de Servicio Civil -que elimine las plazas por compadrazgo- o transparentar el régimen de compras y contrataciones del Estado son algunas de las tareas que desde hace mucho se le reclaman a los integrantes de varias legislaturas, entre los cuales abundan algunos que cuando estaban en la llanura despotricaban contra sus predecesores y otros que, incluso con sus diatribas, están en prisión a causa de sus despropósitos.