Repetida, recurrente y hasta desacreditada a causa de su uso como pretexto para la dilación, la palabra “diálogo” tiene un sentido profundo y práctico de expresión y escucha, de sugerencia y atención, reclamo y entendimiento, propuesta y consenso, pero sobre todo búsqueda de la verdad y la razón. Su propia etimología lo señala: dia, a través, y logos, palabra, es decir, a través o mediante la palabra en busca de entendimiento.

La reflexión viene a cuenta de iniciativas anunciadas por varios actores del Ejecutivo para un intercambio de ideas de cara al planteamiento de un rumbo nacional, no solo en el combate de la pandemia, sino en la vía de trazar una visión de desarrollo incluyente, viable y competitivo. Aunque, por la coyuntura, ya se dio un primer paso el viernes pasado con 22 representantes de diversos sectores, los primeros desafíos están en el mecanismo para las puestas en común de ideas y la metodología para sistematizar y depurar los aportes.

Es paradójico, pero debe existir una reglamentación, para generar condiciones fértiles de empatía y respeto. Todos los potenciales participantes deben aceptar las normas del diálogo, dentro de las cuales deben figurar la idoneidad dentro de cada disciplina, la racionalidad de los planteamientos, el soporte de datos numéricos para afirmaciones u objeciones, así como la obligada asertividad en las contrapropuestas. Los dogmatismos, prejuicios y descalificaciones gratuitas no deben aceptarse, y todo dialogante que utilice manifiesta o subrepticiamente tales elementos debe ser evidenciado.

Dado que se trata de una conversación de múltiples voces, las disonancias deben convertirse en complementariedades, aunque todos deben tener claro que nadie es dueño de la verdad absoluta y que a la vez no se puede complacer a todo el mundo. Debe haber parámetros preestablecidos a través de las áreas específicas de aporte y mantener claridad sobre los objetivos y el tiempo para generar la formulación de propuestas. Otro marco conceptual es el contexto cultural, social y constitucional nacional. Las realidades y necesidades urgentes son una referencia inmediata, pero la visión trascendental es necesaria.

Tampoco es que se vaya a inventar el agua azucarada, puesto que existen precedentes de diálogo que deben ser analizados y valorados sin pasiones ideológicas ni criterios desfasados. Los acuerdos de paz de 1996 y la agenda nacional compartida del 2004 son dos referencias locales previas que no constituyen una camisa de fuerza, pero que dejan lecciones sobre los compromisos que no solo deben asumirse en el papel, sino programarse y monitorear su cumplimiento.

Todos los participantes en el diálogo pueden generar un cúmulo valioso de propuestas para la transformación de instituciones iniciativas de ley, pero debe reconocerse que todo debe pasar por un Congreso que hasta la fecha no ha dado necesariamente muestras de visión de Estado, por lo cual este organismo debería integrarse, pero sin mohínes politiqueros ni segundas intenciones electoreras, puesto que, de llegar a efectuarse, el Gran Diálogo 2020 en una oportunidad que nace de una crisis muy concreta, pero que podría ser una oportunidad irrepetible para replantear la institucionalidad guatemalteca de cara a un desarrollo competitivo.