La palabra diálogo se utiliza de múltiples maneras, a veces inadecuadas, con lo cual se desvirtúa su finalidad, que es lograr el entendimiento entre visiones distintas de un asunto. Sucesivos gobiernos guatemaltecos han conducido procesos de mediación y negociación para resolver conflictos de diversa naturaleza, pero que tienen en común el riesgo de llegar a agravarse y desencadenar actos de violencia que salen siempre caros, una pérdida que llega a niveles inconmensurables cuando cobra vidas humanas.

El actual gobierno, igual que su antecesor, ha relegado los mecanismos de diálogo a entes dilatorios, con la falsa expectativa de que los problemas se atenúen e incluso se resuelvan solos. Los nombramientos de encargados no priorizan la experiencia en el manejo de pugnas ni la especialidad en la conducción de arbitrajes. Pesa más el ser allegado a determinadas figuras o ser afín a ciertas visiones más bien reaccionarias e incluso intolerantes.

Por principio, los entes de diálogo deben dejar de ser juez y parte. Nadie puede mediar si es delegado por la presidencia de turno. En todo caso, puede representar la visión del Gobierno, pero difícilmente podrá enfocarse en la del interlocutor, por obvias y lógicas razones. Esto no quiere decir que la figura de las comisiones o mesas de diálogo deba descartarse, pero sí darle mejor visibilidad a sus gestiones, mayor transparencia a sus compromisos y validez constructiva a sus acuerdos.

Así también existen declaraciones del diente al labio de sectores que invitan al diálogo pero no se sientan en ninguna mesa o que en sus respectivos campos están acostumbrados a somatarla y a la imposición.

Si el diálogo involucra el uso de recursos públicos, es imperativo que sus requerimientos, consensos y resoluciones sean públicos, sin chantajes, presiones ni prepotencias. Dos ejemplos claros de negociaciones contaminadas por el secretismo son las conversaciones del Ministerio de Educación sobre un pacto colectivo con el sindicalista magisterial Joviel Acevedo o los ofrecimientos de autoridades gubernamentales a los supuestos exmilitares que protagonizaron un martes negro, el 19 de octubre del año pasado. Ambos casos comprometen millones de quetzales y hasta ahora nadie sabe cómo se han desarrollado y en qué condiciones.

Tarde o temprano los gobiernos que utilizan el diálogo como laboratorio para fines clientelares se topan con la misma discrecionalidad que fomentan. Tratar de comprar fidelidades empeñando el futuro del país no solo es una traición, sino una necedad que en cualquier momento queda en evidencia.

Los conflictos limítrofes entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, o entre Ixchiguán y Tajumulco, San Marcos, son de vieja data y de sucesivas conversaciones encabezadas y promocionadas por gobiernos, pero nunca concluidas de manera asertiva, ya sea porque les conviene tener un distractor recurrente o porque hay factores que no se quieren enfrentar.

El actual gobierno ha demostrado incapacidad para estructurar equipos funcionales de diálogo. El tiempo se agota para darle más largas a tantos asuntos y para ser abordados se necesita un liderazgo confiable, dotado de coherencia ética y con claras intenciones de enfrentar los aparentes imposibles con posibilidades concretas, buena voluntad y plena conciencia del papel del Estado.