No se conocen aún sus nombres, pero en sus manos estará el próximo proceso eleccionario de Guatemala, la continuación de las reformas electorales emprendidas —y también trastocadas— a partir de 2016, la aplicación de controles sobre toda campaña anticipada y la transformación de los partidos políticos para que dejen de ser vehículos clientelares para convertirse en auténticos mediadores entre la ciudadanía y el Estado: son los magistrados del próximo Tribunal Supremo Electoral, que deberán asumir el 19 de marzo próximo para un período de cinco años.

Pruebas psicométricas fueron aplicadas ayer a 90 aspirantes a integrar el TSE, para evaluar competencias de liderazgo, gestión y habilidades de comunicación interpersonal, con base en estándares internacionales usados en la selección de talento humano. Los resultados de este examen tendrán un peso de 15 puntos sobre la calificación final, que también incluirá las capacidades profesionales, ponderadas con 55 puntos; méritos académicos, 35 puntos; y 10 puntos en el rubro denominado proyección humana.

La postuladora del TSE bien puede marcar un precedente innovador de transparencia al establecer una fase de evaluación pública en la cual los aspirantes puedan demostrar su dominio sobre la historia política y electoral del país, proponer acciones a emprender como magistrados para suplir o mejorar el sistema de representación y, sobre todo, para expresar de viva voz un compromiso público de fidelidad a la ciudadanía, así como estar libres de cualquier nexo con organizaciones políticas existentes, extintas o transmutadas, a fin de no tener gravosos conflictos de interés a la hora de ejercer la magistratura.

Cabe resaltar que el TSE ha sufrido un paulatino desgaste en su credibilidad. Después de ser una de las entidades con mayor confianza ciudadana, pasó a recibir señalamientos que ponían en tela de juicio la imparcialidad de ciertos magistrados, la discrecionalidad en sanciones o el supuesto retraso en la cancelación de determinadas organizaciones.

La más reciente causa de suspicacias fueron los fallos informáticos que retrasaron los reportes preliminares de resultados electorales durante los comicios de primera vuelta, en junio de 2019. Si bien las actas físicas de las juntas receptoras de votos eran la mejor garantía para la integridad de los votos, el barullo ocasionado por errores digitales llevó incluso a una investigación penal en contra de los encargados de la unidad de tecnología del TSE, así como a sospechas que condujeron a una solicitud de antejuicio contra los magistrados, la cual fue rechazada por la Corte Suprema de Justicia, pero se registra como un desgaste que no debería suceder a futuros integrantes.

Tanto las calificaciones otorgadas por la postuladora como la nómina final resultante deben reflejar una exigente selección de juristas que garanticen la defensa del interés ciudadano y no de sectarismo alguno. La política guatemalteca se ha visto devaluada por los caudillismos vacuos, los pactos de impunidad y las pugnas por migajas de poder que obnubilan el juicio. La fragmentación del partido UNE es el más reciente capítulo de una historia de camaleonismos y camarillas obsesionadas por visiones cortoplacistas, lo cual contrasta con las grandes prioridades de Nación, que deberían ser objeto de consenso y no una piñata de oportunismos, lo cual tiene pleno sentido subrayar si se toma en cuenta que son las agrupaciones políticas representadas en el Congreso las que elegirán al nuevo TSE.