Estados Unidos
EDitorial
Dilación solo beneficia al dinero sucio
Es importante, eso sí, que la norma no se convierta en un lastre que entorpezca la actividad productiva profesional o empresarial.
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Con cierto aire triunfante salieron los diputados integrantes de la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso de la República anunciando como un “logro” la emisión del dictamen favorable a la iniciativa 6593, Ley integral contra el lavado de dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo. Sí, siete meses después de que fuera entregada la propuesta. A decir de los cambios efectuados, el trabajo no amerita la tardanza, sobre todo si los congresistas lo proclaman como un supuesto logro. Logro habría sido que alguno de ellos la hubiera elaborado y propuesto. Cumplida la revisión de trámite, ahora viene la verdadera prueba para el Legislativo: acelerar la aprobación de la norma sin quitarle dientes, ni siquiera con formalismos que a la larga podrían entorpecer su aplicación estricta.
Incluso algunos políticos pertenecientes a partidos que acuerparon la elección y estadía de narcodiputados confesos divulgaron en redes su aval firmado a la iniciativa: más vale decir aquí la apoyé que seguir confirmando lo que la historia ya ha escrito. En otros casos, los argumentos sobre los cambios parecen más preocupados por el hacinamiento carcelario que por el combate mismo de un delito que infiltra campañas electorales, organizaciones políticas y amenaza con convertir cargos de elección en títeres al servicio de mafias.
La Superintendencia de Bancos celebró el dictamen favorable al señalar que cada esfuerzo técnico genera impacto positivo y que la comisión respectiva aporta así un mensaje de solidez en el combate de las evolutivas metodologías para el blanqueo de capitales. Queda claro que el Estado de Guatemala va retrasado en esta materia, pues la recomendación internacional de cambios legales llevaba ya más de una década.
Es importante, eso sí, que la norma no se convierta en un lastre que entorpezca la actividad productiva profesional o empresarial. Buena parte de esta eficiencia se encuentra en aprovechar herramientas fiscales vigentes, como la factura electrónica, para registrar la compraventa de bienes y servicios. También se mantiene en ruta la inclusión de actividades como loterías o casinos, así como la generación e intercambio de activos virtuales, dentro del radar de la Intendencia de Verificación Especial. Esto, sin duda alguna, requerirá de una evolución tecnológica para que no se torne en lastre, sino en herramienta.
La presentación de la iniciativa dictaminada ante la Dirección legislativa no debería tener mayor demora, para que se programe su discusión y aprobación en tres lecturas en el pleno, lo antes posible. Es allí donde realmente se comprobará la voluntad política de los legisladores y las bancadas en favor del combate del dinero sucio. Debido al rezago de las leyes vigentes, esta iniciativa marcaría un parteaguas en la lucha contra estructuras criminales que se nutren, precisamente, del limbo oscuro en el cual hoy mueven recursos provenientes de trasiegos, exacciones y actos de corrupción en el entramado estatal.
Es deseable que la vigencia de esta actualización en el control de activos se produzca durante el 2026, a fin de que durante el año electoral 2027 ya se cuente con los mecanismos para poder detectar flujos ilícitos. Paralelo a esto, el próximo Tribunal Supremo Electoral deberá estar a la altura cívica y técnica necesaria para fiscalizar los recursos de las organizaciones partidarias, de los candidatos y los financistas. Claro que las actuales bancadas ya se soban las manos queriendo elegir de la nómina viciada emitida por la postuladora, precisamente porque no quieren que les cuenten los huesos.
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