EDITORIAL
Dilaciones a ley contra lavado ya son muy obvias
Una vez aprobada dicha ley, debe haber un proceso de implementación que incluye el fortalecimiento de la Intendencia de Verificación Especial.
La Asociación Bancaria de Guatemala solicitó al Congreso aprobar antes del receso de mayo la iniciativa 6593, Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo. El presidente del Congreso Luis Contreras dijo en la instancia de jefes de bloques que la van a agendar para la plenaria de hoy, “y la vamos a dejar ahí, diputados, hasta que todas las enmiendas que tienen problema sean resueltas”. Dicha norma ya va con rezago, porque estuvo largo tiempo de comisión hasta que por fin tuvo dictamen. Si finaliza el período ordinario, su aprobación pasaría hasta agosto.
Evocando el clásico cuento de Andersen, a estas alturas de la X legislatura hay muchos diputados que todavía creen ir vestidos de apariencias y discursos, pero en realidad van desnudos. Sus acciones pintan de cuerpo completo fidelidades que distan del mejor interés del pueblo de Guatemala. Sus omisos desnudan alergias, aversiones y frivolidades politiqueras en el muladar de los transfuguismos, así como en los amarres de financistas.
En conciliábulos dentro y fuera del hemiciclo, bien se pusieron de acuerdo y rápido para recetarse un abyecto autoaumento, un bolsón inútil, oneroso y opaco de Q13 mil millones de obra electorera o aprobar más deuda a cuenta de los nietos ajenos. Mientras, las grandes prioridades nacionales siguen relegadas: la Ley de Aguas, una nueva Ley de Servicio Público, una normativa moderna de Compras y Contrataciones y, por supuesto, la 6593. Quizá es simple negligencia mezclada con la modorra que domina la agenda. Sin embargo, la resistencia pasiva a reforzar la lucha contra el dinero sucio ya es obvia. Tal norma modernizará, ampliará y potenciará los controles para detectar capitales ilícitos en múltiples ámbitos y actividades que por más de 20 años han ido creciendo sin control.
Se hizo la mímica de aprobar las dos primeras lecturas, a sabiendas de que es la tercera la que manda. Pero ahora que ya está a una sola plenaria de salir, buscan negociar modificaciones al dictamen. ¿Acaso no serán pretextos legaloides para trastocar, limarle los dientes, meterle subterfugios potencialmente impugnables o simplemente atrasarla más? Pero ya no hay tiempo. Si no la aprueban, se pondrán desnudos en la lupa de Estados Unidos. Si no es que ya lo están. Sobre todo aquellas bancadas y congresistas conexos con pretéritos o subrepticios integrantes de partidos conexos con narcotraficantes, ya fueran presidenciables, exdiputados, excandidatos y exalcaldes, como el recientemente sentenciado a 27 años de prisión exedil de El Rodeo San Marcos.
El 10 de abril hubo un mensaje muy sutil de la Embajada de Estados Unidos. Tanto que ni se menciona la iniciativa ni al Congreso. En un post de redes sociales, el ministro consejero en funciones, Roger Rigaud, presidió el cierre de una actividad del programa de intercambios internacionales titulado “Combatiendo la corrupción y el lavado de dinero”, cuyos participantes “regresaron de Estados Unidos con un aprendizaje claro: un marco sólido contra el lavado de dinero atrae inversión, genera oportunidades económicas y blinda el sistema financiero frente a la corrupción y el crimen organizado. Sin él, Guatemala corre el riesgo de ser incluida en la lista gris de Gafi, con consecuencias fatales para la economía”.
Una vez aprobada dicha ley, debe haber un proceso de implementación que incluye el fortalecimiento de la Intendencia de Verificación Especial, que solo en enero y febrero presentó 57 denuncias de operaciones sospechosas por Q1 mil 177 millones. Y si así es con la normativa de hace 20 años, ¿cuánto más no se detectará con la 6593?