Es muy probable que el actual Congreso establezca una marca histórica en cuanto a convertirse en el que logra generar indignación y rechazo en la ciudadanía apenas a 2 meses y 17 días de haberse instalado la legislatura, gracias a la errática dirección, la agenda incoherente y los frecuentes despropósitos en que ha incurrido, no tanto a causa de la inexperiencia de 100 de sus integrantes, sino de los conflictos de interés que subyacen en las agendas de bancadas y partidos.

Reza el dicho que la cuerda se rompe por lo más delgado y viene a colación porque había un rubro en la iniciativa de reasignación presupuestaria, de Q1 millón —que podría parecer poco— dedicado al Parlacén, una entidad inútil, estéril y señalada de constituir un nido de impunidad. Muy por el contrario, esta semana se planteó retirar a Guatemala de este foro anodino para destinar el aporte anual a los damnificados por la crisis del coronavirus, una idea que obviamente poco les importó a los ponentes del millonario reparto que incluye Q20 millones extra para el propio Legislativo y Q5 millones para la llamada Asociación de Dignatarios de la Nación, que al final quedó fuera.

Sin embargo, al cierre apenas comenzaba la sospechosa sesión plenaria, pese a que había quorum. Todo parecía indicar que los diputados de la alianza oficialista buscaban emular la operación del 24 y 25 de marzo, cuando en horas de la madrugada aprobaron una ley que establecía un fondo de emergencia de Q1 mil 500 millones, entre cuyos artículos estaba escondida una cláusula que favorecía a funcionarios y también a los propios congresistas, bajo la figura de “personas políticamente expuestas”, para poder usar fondos públicos.

Tan solo unos días antes, este mismo legislativo eligió, con un aire oficioso y conveniente, a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral. No pesaron la idoneidad ni las calificaciones más altas, sino los pactos de impunidad e intercambio de influencias, lo cual llevó a incluir a figuras proclives al anterior oficialismo, con claro conflicto de intereses, para conducir a la máxima autoridad en materia política. El primer pago de favores vino cuando los nuevos titulares del TSE suspendieron los procesos de cancelación de partidos políticos, supuestamente porque el personal dejó de laborar a causa de la emergencia.

La sensación de estar libres de fiscalización ciudadana llevó a algunos diputados de primer ingreso a proponer descabelladas ideas como la de otorgar una exención fiscal de 100 años a empresas nuevas, algo a lo cual se opone el propio sector empresarial organizado, por considerar que se trata de un distractor o de un plan para favorecer aviesos fines. Pero sin duda, la mayor necedad de este paquetazo radica en destinar el 92% de los millonarios fondos, financiados con deuda, a gasto común, y solo un 8% a paliar los efectos del cierre de actividades en el país.

Queda claro que más de un centenar de legisladores, incluyendo a su yuxtapuesta directiva, solo velan por agendas sectarias y clientelares, puesto que hasta ahora no se ha presentado un solo plan técnico, coherente y fundamentado de medidas humanitarias para la población de escasos recursos que se encuentra en peligro de inanición. Los opositores deben tener el valor de denunciar las componendas y negociaciones turbias que sin duda entrañan la avidez por obtener ganancias, con ventaja y nocturnidad, a costa de la penuria ciudadana.