Desde que el Ministerio Público efectuó una requisa en el Centro de Operaciones Electorales, en el Parque de la Industria, o el inusitado secuestro de las actas 4 y 8 de las elecciones generales, cuyo único custodio legal es el Tribunal Supremo Electoral, el presidente de la República, Alejandro Giammattei, no dijo nada al respecto, a pesar de estar en pleno proceso de transición y en período electoral aún vigente. Sectores nacionales han deplorado e incluso cuestionado la legalidad constitucional de dichas diligencias, empezando por el presidente electo, cuya solicitud de amparo provisional en contra del primer operativo mencionado, del 12 de septiembre, fue denegada ayer, con todo y obvia dilación de la Corte Suprema de Justicia.

Las protestas y bloqueos efectuados por los 48 Cantones de Totonicapán y otros grupos populares han afectado el derecho de libre locomoción en varias regiones del país. Los grupos exigen la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, porque el patrón de acciones del Ministerio Público desde agosto pone en peligro la voluntad soberana de la ciudadanía expresada en las urnas. El impacto económico es creciente. Pero también es enorme y nefasto el precedente legal de la fiscalía, con aval de un mismo juez.

De manera clara, fundamentada y, sobre todo, pacífica se ha explicado la improcedencia del asedio del MP al TSE, el cual comenzó tras el sorpresivo pase a segunda vuelta de Bernardo Arévalo. Sin embargo, las denuncias no tienen filiación política, sino el máximo interés por mantener la democracia y el estado de Derecho. Allí confluyen las posturas de universidades, cámaras empresariales, la Conferencia Episcopal, centros de análisis, contados partidos políticos, constitucionalistas y también los grupos populares en cuestión.

Ante el clamor y toma de postura con base en las garantías constitucionales vigentes en el país de múltiples sectores nacionales e internacionales, resulta improcedente cualquier silencio, disimulo, ambigüedad o evasiva, sobre todo si corre a cargo de quien representa la unidad nacional. Por eso, la primera alocución presidencial referente a la crisis desatada por la controvertida ofensiva del MP no se dirigió a exigir respeto hacia el TSE y a los resultados, sino a criticar las manifestaciones.

Las conjeturas acerca de las motivaciones del golpe en cámara lenta contra la democracia apuntan en varias direcciones. Lo correspondiente sería una declaración presidencial clara en favor del estado de Derecho, de la continuidad democrática e incluso una expresión de censura hacia ciertos actos del MP, así como la instalación inmediata de un diálogo en favor del levantamiento de los bloqueos. El gobernante dijo que había que trabajar “juntos”, pero no cómo ni cuándo. Mientras tanto, piquetes de supuestos comerciantes llegaron a confrontar con palos a los manifestantes apostados frente a la sede del MP, en el barrio Gerona. La oportuna intervención policial frenó un enfrentamiento.

Lo que se calla también delata intenciones e intereses. Por eso fueron muy elocuentes las evasivas de la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, al entrevistarse con representantes indígenas, que también le pedían su opinión sobre los actos del MP contra el TSE. Solo falta esperar que los magistrados de la CC defiendan la integridad constitucional, la coherencia institucional y el mejor interés de la ciudadanía que otros evaden, pese a que juraron su defensa con la mano en una Biblia.