Con frecuencia hay ciudadanos que suponen que la libertad de expresión es una garantía para los periodistas, cuando en realidad se trata de un derecho universal que asiste a toda persona y que constituye la piedra fundamental de la auténtica democracia, por lo cual merece ser defendida contra cualquier agresión del Estado u otros poderes fácticos a los cuales les incomoda la crítica o la divulgación de negociaciones opacas, tal como la que efectúa el Ministerio de Educación con el sindicato magisterial conducido por Joviel Acevedo, quien en hepática respuesta a los cuestionamientos públicos solo atinó a autodesignarse como corrupto.

El periodismo es un servicio diario cuya finalidad es presentar la mejor información para la toma de decisiones personales, comunitarias y nacionales. A menudo implica descubrir abusos de funcionarios, manejos desprolijos del erario e ineficiencias de politiqueros que sobre las tarimas mitineras ofrecieron, pero ya sentados en la silla se convierten en otro fiasco más. Cabe decir que los candidatos en campaña hasta se dicen vehementes defensores de la libre expresión, de la cual se valen, y después, como diputados o mandatarios, les vale muy poco porque únicamente quieren oír las adulaciones de su rosca de sirenas.

El periodismo está a prueba cada día con el más implacable juez: el lector, devenido en audiencias digitales y multiplataforma, a las cuales intentan tomar el pelo las hordas de netcenteros, que a través de perfiles falsos atacan a los medios independientes cuando publican notas y reportajes que evidencian clientelismos, tratos bajo la mesa, adjudicaciones anómalas, cooptaciones de instituciones, fallos judiciales amañados, despilfarros y tantos otros desmanes que pululan a la sombra del poder.

Es por ello justo, emblemático y motivador que la academia sueca haya decidido otorgar el Premio Nobel de la Paz 2021 a dos periodistas, de dos países muy distantes pero con sintomatologías parecidas respecto de la intolerancia oficialista hacia su trabajo: Dmitri Muratov, de Rusia, y Maria Angelita Ressa, de Filipinas, quienes encarnan el ideal y la praxis de un “periodismo libre, independiente y basado en hechos —según señala la academia sueca— para proteger contra el abuso de poder, las mentiras y la propaganda de guerra”. En ambos comunicadores se exaltan “esfuerzos para salvaguardar la libertad de expresión”, lo cual no ha sido sencillo ni libre de peligros. Por el contrario, Muratov y Ressa han sido amenazados y acosados por autoridades, funcionarios, adláteres y corifeos de la prepotencia.

Muratov dirige el periódico Nóvaya Gazeta, considerado como el único medio independiente de Rusia y que ha publicado investigaciones acerca de conductas impropias de funcionarios del gobierno de Vladimir Putin. Habla muy bien de él su primera reacción a los colegas tras ser notificado del premio. Con gran seguridad dijo que habría recomendado mil veces otros nombres al suyo, entre ellos los de los reporteros Yuri Schekochijin, Anna Politkóvskaya y Anastasía Babúrova, asesinados presuntamente por sus investigaciones sobre corrupción gubernamental.

Maria Ressa, por su parte, ha denunciado violaciones a los derechos humanos por el presidente filipino, Rodrigo Duterte, quien la ha señalado de diversas maneras. Recientemente fue acusada de una supuesta evasión de impuestos por la fiscalía de su país, hecho que ella califica como un acoso gubernamental por la línea crítica de su portal de noticias. Cualquier parecido con la realidad de otro país es, desafortunadamente, pura coincidencia.