La nueva ministra de Salud, Amelia Flores González, asume en un momento crítico de la pandemia de covid-19 en el país. Su trayectoria habla por sí sola: médica y cirujana especializada en Virología. Fue viceministra técnica hace tres lustros y ha sido asesora de varias instituciones internacionales. Su llegada al cargo era un rumor desde hace una semana y finalmente se concreta en un día en que la cantidad de casos detectados constituye un nuevo máximo: 641, pero además en el momento en que se entremezclan discusiones sobre un posible plazo de reapertura y la masificación de pruebas, frente a un sistema hospitalario saturado de pacientes en estado crítico, con el ruido de fondo de grupos que niegan —sin datos clínicos sólidos y bajo dogmatismos subjetivistas— la gravedad de este padecimiento.

Entre las metas prioritarias de la doctora Flores se encuentran la recuperación de la atención hospitalaria segura para pacientes que no padecen covid-19, pues la imprevisión de Monroy y su equipo tienen hoy saturados los centros de referencia. Así también es necesaria la agilización de las adquisiciones de Salud. Además, debe considerar la declaración de lesividad de pactos colectivos que consuman recursos del erario que pertenecen a los pacientes y no a grupos clientelares.

Se trata de una carrera contra reloj en la cual la ministra Flores debe contar con todo el apoyo del Ejecutivo y la total colaboración de la ciudadanía, en cuanto a asumir con seriedad las medidas de protección. El coronavirus es una amenaza para todos, y quien por ignorancia, conveniencia o tozudez aún quiera poner en peligro a los demás, debe convencerse de que su irresponsabilidad puede se mortal incluso para sus seres queridos.

Por otra parte, genera serias dudas la razón por la cual se coloca al destituido ministro de Salud, Hugo Monroy, a cargo de una unidad que supuestamente desarrollará, bajo la actual presión del aumento de casos confirmados y agudos, siete nuevos hospitales, cuando el proyecto inicial de centros asistenciales temporales, ampliamente publicitado por el Gobierno, no pudo ser llevado a término antes del pico de casos que hoy vive el país.

Después de múltiples reclamos por el abordaje de la prevención y atención de la pandemia, la incapacidad extendida durante semanas para proveer suficientes insumos de protección a médicos y enfermeros, las reiteradas dilaciones de compras urgentes y pésimo manejo de la información, una reasignación de este tipo suena a premio de consuelo, a deuda política o de amistad y en todo caso debería ser la nueva cúpula ministerial la encargada de seleccionar al profesional que quede a la cabeza de tan estratégico y urgente proyecto.

Ya de por sí el relevo súbito y colectivo —no podía ser de otra manera— constituye un fuerte golpe para el Ejecutivo, dirigido por el presidente Giammattei, puesto que se evidencia una mala selección, pero al fin y al cabo es mejor corregir que prolongar las deficiencias. Sin embargo, reubicar al médico Monroy constituye un desgaste adicional innecesario e inexplicable, pues si de desarrollar infraestructura se trata, bien podría buscarse el apoyo de profesionales de la ingeniería y la arquitectura, incluso con la ayuda de los respectivos colegios profesionales para poder integrar un equipo multidisciplinario dentro del cual, claro está, deben figurar médicos. Cualquier afinidad política debería dejarse de lado, pues hay vidas en peligro.