Con inexplicable frecuencia se produce la preocupante exhibición de la porosidad y alta vulnerabilidad del sistema penitenciario del país. Ayer, en una nueva requisa efectuada en la Granja Penal de Pavón se encontró una extensa red de conexiones ilegales a internet, las cuales, sin duda, son utilizadas para cometer exacciones y coordinar a grupos delictivos por parte de criminales presos, pero solo de adjetivo, pues similares registros con los mismos hallazgos se suceden cíclicamente en las prisiones de Cantel, Escuintla, El Boquerón y Pavoncito.

Es un mal de larga data la tenencia de artículos prohibidos a los reclusorios, el cual supuestamente se ha intentado erradicar a través de reglamentos, registros a visitas, destitución de personal —desde guardias hasta directores— o por medio de detectores de objetos. Al principio se ven algunos resultados que se divulgan como logros, pero pronto quedan descontinuados.

El tema vuelve a caer en la inercia burocrática hasta que se lleva a cabo otra búsqueda que vuelve a encontrarse con una creciente lotería de ítems: drogas, licores, celulares de toda gama con sus respectivos accesorios, chips telefónicos, videojuegos, televisores, aparatos de sonido, bocinas de gran potencia, equipos de aire acondicionado, luces para discotecas, computadoras, microondas, amueblados, cuchillos, pistolas, cuadernos con nombres de víctimas de extorsiones, y la lista sigue.

Directores van y vienen en el Sistema Penitenciario, pero los delitos no se detienen porque a pesar de los ofrecimientos de campaña en campaña se continúan aplicando las mismas medidas, y es obvio que no van a dar resultados diferentes.
Una requisa en una prisión, luego en otra, y así, sucesivamente, hasta completar el circuito y volver a la primera es la práctica que se ha sostenido invariablemente durante dos décadas. Se podía suponer que la experiencia de Alejandro Giammattei como director del SP, hace tres lustros, sería augurio de un cambio de paradigma, pero evidentemente no ha sido así.

El objetivo primario de rehabilitación queda truncado por varias causas: mezcla de reos, imposiciones territoriales dictadas por pandillas rivales, corrupción y, sobre todo, las ingentes cantidades de dinero que se mueven a lo interno de estas prisiones, tanto por cobro de piso a los reos recién ingresados como por venta de acceso a llamadas, por uso de dormitorios u otros privilegios que no deberían existir, pero se tienen.

El reconocido experto en prisiones Byron Titus, guatemalteco radicado en Massachusetts, EE. UU., y artífice de una transformación de este sistema estatal de prisiones, ofreció desde hace varios años asesoría ad honorem para reconfigurar la clasificación de niveles penitenciarios y potenciar la reinserción de quienes purgan condena, mediante procesos educativos y de capacitación directamente vinculados con cadenas productivas e instituciones. No se trata de una ilusión ni de una utopía, pues si bien existen muchas personas que no quieren ni buscan ser rehabilitadas, para ellas existen medidas drásticas y prisiones de máxima seguridad con aislamiento absoluto. Ningún gobierno se ha atrevido a aprovechar los conocimientos del profesional. La razón se desconoce pero no es difícil suponer por qué. Mientras tanto, crece este problema que golpea la productividad y el tejido social porque las redes criminales actúan como si no hubiera rejas, con total impunidad.