Las deficiencias técnicas, tráficos de favores, conflictos de interés, contratación de exdiputados mediocres como “asesores” y hasta la falta de liderazgo político -el cual se suple con tratos de conveniencia- son algunos de los lastres que jugaron a favor de las opacas negociaciones que condujeron a la aprobación de créditos por casi Q30 mil millones en las pasadas dos semanas. Se vendieron bajo el pretexto de la emergencia del coronavirus, pero parte de este paquetazo va para pagar componendas, pactos lesivos y rubros totalmente inútiles pero que sirven de premio abyecto.

Es absurdo que una exdiputada improductiva como Alejandra Carrillo, conspicua exintegrante del partido Patriota y fiel adláter el oficialismo previo, quien figuró como candidata a la reelección y a quien la ciudadanía abiertamente rechazó, haya sido electa para dirigir una advenediza comisión “de atención a la víctima”. Fue nombrada a dedo, sin oposición y sin experiencia después de perder las elecciones legislativas. Pero más absurdo aún es que ahora reciba Q40 millones de un plumazo, para una entidad anodina de imprecisas funciones que podrían reñir con las establecidas para la Procuraduría de Derechos Humanos o el mismo Ministerio Público.

Es absurdo que se utilice dinero de créditos para financiar pago de sueldos, pero más absurdo es que sirva para pagar el opaco pacto colectivo firmado por Jimmy Morales y el dirigente magisterial Joviel Acevedo, a quien la población en general rechaza y cuyo ascendiente sobre dicho gremio más parece fruto de la intimidación. En medio de la penuria educativa, un aumento sin condiciones de mejorar la calidad de enseñanza resulta un dispendio clientelar.

Ni qué decir de los 120 millones concedidos a una Contraloría General de Cuentas que suele tener más excusas que resultados en el control del gasto público. Baste mencionar que el extitular de dicha entidad es hoy un flamante diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza y que sus “hallazgos” no solo salieron a cuentagotas sino que obedecieron a determinadas coyunturas de protagonismo.

Por si fuera poco existe un bolsón de Q200 millones para incentivos forestales, rubro que podría parecer necesario en la crisis ambiental que vive el país. Tales recursos no están dirigidos a aumentar la cantidad de guardarecursos, a reforzar la vigilancia en áreas protegidas, ni siquiera a adaptar territorios forestales sobrevivientes a una estrategia de ecoturismo que podría ser clave cuando pase la actual crisis de salud. Con tan pocos controles, tiene todo el aspecto de estar dirigido a repartos discrecionales de fondos, como los ya desarrollados en gobiernos anteriores a beneficio de supuestos expatrulleros o exmilitares.

El Congreso no le hizo ningún favor a nadie, como quiso hacerlo ver su presidente mediante comunicación en redes sociales en la cual encomiaba a los diputados por sesionar con nocturnidad. Excluir a la prensa y cortar el audio de la transmisión del canal legislativo dejan entrever otras intenciones. Es cierto, hay dinero prestado para proveer alimento o a brindar bonos de emergencia a afectados; también hay fondos para instalaciones hospitalarias y comprar equipos, pero en vista de todas las extras que las bancadas pudieron añadir como condición para brindar su voto, es claro que resultará tan caro el remedio como la enfermedad, porque se trata de un endeudamiento súbito que pasarán pagando varias generaciones. Era necesario tener recursos disponibles, sí, pero no para convertirlo en una abyecta piñata.