Estados Unidos
EDITORIAL
El desafío de aclarar vías legales y físicas
Las APP son una solución viable ante la larga data de incumplimientos estatales.
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El reciente reinicio de contratos para unos dos tramos del Anillo Regional Metropolitano, en Sanarate, El Progreso, y Villa Canales, Guatemala, constituye apenas un hálito de esperanza para la concreción de este ambicioso proyecto, largamente relegado. Fue hace casi dos décadas cuando se anunció como un megaproyecto, el cual ya habría ahorrado muchos dolores de cabeza logísticos. En otras palabras, ya va rezagado, pero mejor tarde que nunca. En ciertos tramos, el gran obstáculo es legal, pero muy concreto: el derecho de vía, ya que se necesita convertir caminos de terracería en una autopista de cuatro carriles. No se trata de procesos sencillos, pero sí prioritarios, en los cuales debe primar el bien común.
Otro gran proyecto que se ve lastrado por factores relacionados con la gestión territorial es la autopista Escuintla–Puerto Quetzal, el primero de infraestructura bajo el modelo de Alianzas Público-Privadas (APP), aprobado por el Congreso, financiado por capital privado y ejecutado por el Consorcio de Autopistas de Guatemala (Convía). Su objetivo: rehabilitar y ampliar más de 41 kilómetros de una de las rutas logísticas más importantes del país, la conexión entre el principal puerto del Pacífico y la red vial nacional.
El proyecto se empezó a ejecutar hace dos años y actualmente tiene un avance de 20%, según autoridades, pero aún enfrenta obstáculos por la incapacidad estatal de resolver con anticipación conflictos relacionados con el derecho de vía, lo cual inevitablemente pasa por una negociación con propietarios. Pero también hay otro tipo de obstáculos, como más de 400 postes de líneas eléctricas de alto voltaje que deben ser retirados, así como la clarificación de la forma de acceso a propiedades a los lados de la autopista —pues será de peaje—.
La concesión misma de este primer proyecto estuvo a punto de verse revertida, y el país, sujeto a una demanda internacional, debido al atraso en su discusión y aprobación en el Congreso. Finalmente, en noviembre de 2021, se avaló el contrato que permitió el inicio de los trabajos. Pese a todo, se encuentra en marcha y es necesario un seguimiento constante del Ejecutivo y el Legislativo, a fin de poder concretar las adquisiciones de terreno o las gestiones para recuperar derechos públicos de vías, según el caso. Las APP son una solución viable ante la larga data de incumplimientos estatales y constituyen una modalidad que ya está mostrando resultados y que asume no solo el costo de ejecución, sino también el de mantenimiento.
Otra posible área para el desarrollo de estas alianzas está en el turismo. Un caso reciente es el desarrollo de un malecón en la playa Las Lisas, financiado con fondos públicos del Consejo de Desarrollo Departamental y la municipalidad, para mejorar la infraestructura de un destino con alto potencial económico, pero que por décadas ha estado sin desarrollo. Este modelo de inversión local podría ser una punta de lanza para potenciar mejoras en la industria de las visitas, internas y externas.
Ese no es el único destino turístico del país que tiene pendiente infraestructura para aumentar su capacidad y calidad de experiencia. Atitlán, Río Dulce, Izabal, Petén o Huehuetenango requieren construcciones para convertirse en polos de desarrollo, y el modelo de alianzas podría brindar una salida más ágil. Claro, para que ese capital llegue se necesitan reglas claras, certeza jurídica, coordinación entre gobierno central, municipalidades y comunidades, así como establecer condiciones de gestión integral para que los planes no se queden varados por un poste mal instalado.
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