Una buena medida de razón asiste a los guatemaltecos al cuestionar, dudar y manifestar sorpresa acerca de que el área metropolitana de Guatemala haya salido de la lista de 50 ciudades más violentas del mundo presentada por la organización mexicana Seguridad, Justicia y Paz. Quienes profundizan y leen los datos se pueden percatar de que no se trata de ningún encomio, apología o promoción de gobierno alguno: se trata de un conteo elaborado a partir de datos diversos, incluyendo oficiales, según el cual la zona capitalina guatemalteca —que incluye a municipios circunvecinos— fue desplazada por metrópolis con índices agravados por el narcotráfico, la impunidad y la inacción de policías locales, tal el caso del norte de México, en donde seis ciudades ocupan los primeros lugares. Tijuana, en el primer puesto, tiene 138 muertes por cada cien mil habitantes en el último año.

La capital guatemalteca registró 24 muertes violentas por cada cien mil habitantes en el 2020: dato que no puede ser considerado éxito de ningún gobierno, pues la situación podría ser mejor si autoridades pasadas no hubiesen descabezado a la Policía Nacional Civil. Continúan los asesinatos, prosiguen las denuncias de extorsión, persisten los asaltos y hasta quedan grabados en video como prueba de que el trabajo de las autoridades dista mucho de ser eficiente. Una zona de atracos frecuentes apenas a tres cuadras del Palacio Nacional de la Cultura es prueba de que el Ministerio de Gobernación se enfoca con más ahínco en tareas fáciles, como capturar ebrios que infringen la ley seca, que en el combate de bandas delictivas.

El mundo vive tiempos violentos, conflictivos, y Guatemala no escapa a ello. Sin embargo, en las anteriores elecciones, el tema central de campaña no era ya tanto la inseguridad, sino la economía y el empleo. De hecho, lo siguen siendo, acicateados por las complicaciones acarreadas por la pandemia. Aún así, existen politiqueros que intentan levantar temas como la pena de muerte como arma populista en aprovechamiento de casos de alto impacto. De nuevo, no quiere decir que el problema de violencia no exista, ni que se haya resuelto. El abordaje del fenómeno violento, que a su vez genera migración, deterioro de la calidad de vida y rezagos en el desarrollo, debe efectuarse de manera integral, multidisciplinaria y visión de Estado. Parte de la educación escolar, en donde no bastan nociones teóricas de urbanidad, valores cívicos y estudios sociales; los mismos padres y maestros deben poner en práctica la construcción de modelos más propositivos, dialógicos y proactivos.

Los Estados deben enfocarse en propiciar desarrollo digno, y no asistencialismos pasajeros. La meta no es convertir la paz en propaganda, sino en perspectiva de largo plazo. Las divisiones partidistas, caudillismos desfasados o protagonismos electoreros coartan y hasta sabotean planes que pueden llegar a marcar la diferencia, tan solo para mantener una codependencia conveniente.

Es excelente que la ciudadanía critique, exija, y ello obliga a ser parte activa en diluir actitudes polarizantes, dicotomías enfermizas, maniqueísmos manipulables, para empezar a construir responsabilidades en libertad, libertades con conciencia ética, ética fundamentada en el valor inalienable de la persona, personas nuevas que puedan abordar mejor los desafíos de ser una mejor nación.