Mientras la angustia de familias campesinas de escasos recursos crece ante la pérdida parcial o total de cosechas, la ayuda alimentaria y la asistencia técnica para intentar una recuperación de corto plazo sigue en espera, pero parece que primero regresarán las lluvias. El ciclo de emergencia y olvido registrado en anteriores eventos climáticos parece repetirse con el impacto de Eta e Iota debido a la lenta ejecución de los recursos disponibles durante el estado de Calamidad, que duró dos meses y que feneció el 6 de enero último.

Más de 133 mil personas fueron damnificadas y las pérdidas agrícolas se calculan en Q800 millones. El tiempo es valioso y el costo de oportunidad creciente. Muchas comunidades afectadas en el norte y oriente del país se encuentran en riesgo alimentario desde antes de las tormentas, y el porvenir se atisba más tormentoso aún. Sin embargo, ello transcurre en un agobiante silencio por parte de autoridades que solo quieren publicitar cifras positivas, sobre todo porque en una semana viene el previsible informe del primer año.

En el Congreso también es predecible la correspondiente lavada de manos de los diputados al decir que se “cumplió” con asignar recursos para atender el desastre, pero también debían auditar la efectividad de su uso. Hasta ahora, ni un solo congresista distrital ha sido capaz de presentar un informe detallado de daños y pérdidas de los ciudadanos bajo su representación. Quizá haga falta que se contemple un proyecto millonario que pueda ser asignado a una constructora de un allegado o bien que se contrate a un competidor para que haya reclamos so pretexto de fiscalización.

Cuatro ministerios disponían de presupuesto extraordinario para la atención de sus respectivos rubros, pero hasta el día de hoy solo se ha utilizado una cuarta parte de los mismos y se van a un fondo común si no se plantean los planes concretos. No es que falten las necesidades. Las carencias abundan en Zacapa, Chiquimula, Izabal, Alta y Baja Verapaz, entre otros. Pero pareciera que solo importan las cifras generales y no las angustias familiares, los asuntos que pueden ser objeto de propaganda y no los dramas secretos de quienes ven marchitarse la cosecha y con ella sus esperanzas.

El Ministerio de Desarrollo es el que más ejecutó: reporta el uso de Q19 millones, el 55% de su asignación para la alimentación temporal a damnificados. El Registro Nacional de las Personas reporta haber ejecutado los Q10 millones que se le asignaron para proveer documentos personales de identificación a quienes los hubieren perdido. No indica cuántos documentos y de qué tipo se emitieron, pero en todo caso tal cifra equivale al costo de más de 117 mil DPI —a Q85 cada uno— o de más de 660 mil certificaciones de nacimiento en dos meses, un increíble récord de eficiencia para esa entidad.

Cierto, el uso del dinero asignado bajo la figura de Calamidad se debe utilizar, por ley, mientras dure dicha declaratoria. Hay trabajos viales que no podían ejecutarse en dos meses, pero entonces lo más lógico hubiese sido que Comunicaciones arrancara desde diciembre los estudios para la licitación de esos proyectos, pero… como siempre, las excusas sobran. Y por ello es que se afirma que los efectos de Eta e Iota se suman a desastres climáticos o telúricos previos, porque no se percibe una visión de mediano y largo plazo que abarque un conjunto coherente de proyectos y programas.