Estados Unidos
EDITORIAL
El peligro está allí desde hace mucho
Existen abundantes ejemplos de politiqueros, alcaldes y diputados involucrados en actividades de trasiego.
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Brutal, lamentable y repudiable es la ofensiva criminal que golpea a varios estados mexicanos, en represalia por el abatimiento del narcotraficante Nemesio Oseguera. Dicho cartel tiene extensas ramificaciones en ese país, pero las mismas también alcanzan a Guatemala, que ha sido una escala neurálgica del trasiego de drogas procedentes de Sudamérica. En el último lustro aumentó la disputa de territorios de paso entre el cartel de Jalisco (CJNG) y el de Sinaloa. Incursiones violentas en suelo guatemalteco, como las acontecidas en el 2025, así como el acicateo de conflictividades para enmascarar trasiegos, son evidencia de los desmanes.
La caída de Oseguera es un capítulo más de la guerra del Estado mexicano contra el narco, que se vio acicateada por la declaratoria de esas organizaciones como “terroristas” por el gobierno de Donald Trump, quien ha mantenido fuerte presión sobre el gobierno de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. Capturas y refriegas antecedieron al operativo en el que fue herido Oseguera, quien falleció cuando era trasladado a un hospital. Eso detonó una ofensiva violenta, incluyendo incendios de vehículos, bloqueos de rutas y amenazas contra la población.
La historia muestra que la captura o muerte de un capo implica un fuerte golpe a las redes criminales, pero a su vez lleva otras complejidades, como la escisión de bandas o disputas de cabecillas, sobre todo porque se trata de redes jerárquicas, con sustitutos que no siempre están en el radar y que buscan proseguir trasiegos. Nadie negará que lo más deleznable es la complicidad funcionarios corruptos. Por ejemplo, el 5 de febrero fue capturado Diego Rivera, alcalde de Tequila, Jalisco, asociado al CJNG y quien cometía exacciones contra comerciantes del municipio al que juró servir.
Esto no es nuevo, y por ello se puede decir que el peligro está presente desde hace mucho en México, pero también en Guatemala. Por desgracia, existen abundantes ejemplos de politiqueros, alcaldes y diputados involucrados en actividades de trasiego, que han protegido convoyes de droga, en un aberrante abuso de autoridad. Basta recordar el caso del exdiputado Armando Ubico, quien llegó al Congreso con el partido Todos, que hace un año exactamente fue condenado a 18 años de prisión, confeso por narcotráfico. Ubico tuvo una condena previa en el 2001, por el mismo delito, pero eso fue ignorado por quienes avalaron su candidatura y permanencia en el Congreso, donde era integrante de la Comisión de Defensa. Vaya vergüenza.
Pero no es el único caso. El expresidenciable Mario Estrada, también confeso por narco, fundó el extinto y nefasto partido Unión del Cambio Nacional, que fue alero del anterior oficialismo y cuya supresión fue un largo proceso. Demasiado largo, así como lo fue el proceso de antejuicio para desaforar a Ubico, quien pudo así prolongar sus fechorías al amparo de un cargo público. Las alcaldías de municipios costeros y fronterizos, así como corredores de paso, figuran entre las más codiciadas por esbirros devenidos en candidatos ediles. Es necesario observar la evolución de dinámicas en estas demarcaciones para identificar nexos.
Como en el cuento El dinosaurio de Augusto Monterroso: “Cuando despertó, el dinosaurio seguía allí”, el riesgo tiene rostros cambiantes y dobles discursos, quizá desde cargos públicos o tal vez desde dirigencias politiqueras. Son un peligro para el Estado de derecho, pues quieren imponer una dictadura criminal. Por eso bloquean mayores controles al financiamiento electoral, al lavado de activos o distorsionan la labor de postuladoras. Son un peligro público que sigue allí.
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