Si bien es cierto que una remuneración por el desempeño de un trabajo debe ir acorde al esfuerzo, a las necesidades de subsistencia y a la competencia laboral, también puede afirmarse que no hay peor salario que aquel que no existe. Diversas zonas del país reportan altos índices de pobreza y desempleo, a menudo por la ausencia de empresas, ya sea industriales o comerciales, que demanden la mano de obra disponible.

En muchas ocasiones, existen fortalezas regionales, ya sea por su potencial agrícola, por su posición geográfica o por su accesibilidad a puntos de distribución, pero con frecuencia distan de convertirse en núcleos económicos productivos a causa del alto costo de oportunidad que representan ciertas normas que han hecho rígida la remuneración. Así como los precios tope conducen ineludiblemente a la escasez, los salarios por decreto no necesariamente son la panacea, puesto que encarecen la operación y ahuyentan las oportunidades.

Es por ello que resulta interesante la propuesta del Ministerio de Trabajo de buscar la implementación de salarios mínimos regionales, establecidos en circunscripciones bien delimitadas, con el fin de tomar en cuenta no solo el costo de vida local, sino también la necesidad de un ingreso salarial que para muchas familias puede marcar una amplia diferencia.

Esta propuesta es de alguna manera la evolución del plan de salarios diferenciados, que en su momento se lanzó para hacer atractivos para la inversión a cuatro municipios: Masagua, Escuintla; Estanzuela, Zacapa; San Agustín Acasaguastlán y Guastatoya, El Progreso, pero que fue suspendido por la CC en el 2016. Una de las acciones presentadas en contra de los salarios diferenciadas provino del sector sindical, supuestamente en defensa de los trabajadores. Sin embargo, aparte de privar a pobladores de dichos municipios de una oportunidad laboral, no han efectuado ninguna propuesta, iniciativa o plan para mejorar la situación socioeconómica de tales localidades. Y es justamente el sector sindical el que ya anticipa su ciega oposición al plan regional referido.

Guatemala está necesitada de descentralización productiva, a fin de poder responder a la demanda de empleos. Cada año egresan miles de estudiantes de diversificado a un mercado que no puede absorberlos. Esto a su vez alimenta el éxodo con rumbo a Estados Unidos, algo que a la larga es insostenible, debido a las crecientes barreras impuestas a la migración ilegal, al asedio de grupos criminales en México y a la desintegración de familias y comunidades rurales, lo cual consume a la población en edad productiva.

Otra puerta de desarrollo que despertó muchas esperanzas, pero que también quedó atrapada en entramados legalistas, fue la ley de trabajo a tiempo parcial, que permitía el trabajo con prestaciones a estudiantes, madres solteras o trabajadores interesados en laborar solo media jornada. Dogmatismos sigloveinteros, criterios obtusos y hasta animadversiones ideologizadas condujeron al cierre de experiencias que podían haber marcado la modernización del paradigma laboral guatemalteco.

La propuesta de regionalización salarial aún está en fase inicial. En su discusión debe balancearse la competitividad y el legítimo interés de quien anhela, busca y ansía optar a una oportunidad para ganarse la vida de manera estable. El diálogo, por lo tanto, debe guiarse por criterios técnicos, y no por falsas demagogias o caducas defensas de viejas consignas panfletarias.