Tres viajes a Guatemala, en 2014, 2015 y 2016, reflejan la importancia estratégica del Triángulo Norte y específicamente de Guatemala para el otrora vicepresidente y hoy flamante mandatario estadounidense, Joseph Biden, quien en su visita de 2015 rehusó cualquier encuentro con la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti, salpicada ya para entonces por el escándalo de defraudación aduanera La Línea.

Sin volverlo tema de antinomias, es claro que a Biden no le pueden vender discursos de cascarón o máscaras de carnaval diplomático, como en su momento lo hizo el gobierno anterior para lograr la aveniencia del hoy expresidente Trump, una administración que en su fase final trató de corregir el entuerto con un enfoque bipartidario centrado en la imperiosa necesidad de combatir la corrupción, el dinero ilícito electoral y la irrupción de mafias en estamentos del Estado guatemalteco.

El costo de oportunidad del bandazo estadounidense se ha multiplicado, no solo en Guatemala, sino en toda la región. Los silencios o ambigüedad frente a la agitación hondureña o la autocracia nicaragüense solamente han atizado las caravanas hacia el Norte. Los retrocesos en el combate de la corrupción requieren ahora de un abordaje directo, robusto y unánime. Si bien el anterior secretario de Estado, Mike Pompeo, se dedicó a empujar la lista de guatemaltecos señalados de corrupción, todavía faltan nombres y mayores consecuencias en ella. Hay casos en los cuales fue la misma ansia de poder omnímodo la que puso, por su propio paso, a expresidenciables como Mario Estrada, confeso de narcotráfico, o Manuel Baldizón, confeso de lavado, tras las rejas en EE. UU.

En una Guatemala que está por cumplir 15 meses sin magistrados electos de la Corte Suprema de Justicia; en un país en el cual se acaba de cancelar la ficha partidaria de la Unión del Cambio Nacional —partido fundado por Estrada—, principal aliado de la bancada oficial; en una nación donde la migración se ha disparado a fuerza de ineficiencias estatales y carencias ocasionadas por la pandemia: en un Estado cuyos diputados son capaces de trasnochar para aprobar un presupuesto desfinanciado pero totalmente incapaces de abordar leyes de inversión y desarrollo, el gobierno de Biden intenta recuperar el terreno perdido, precisamente para frenar el éxodo.

El subsecretario adjunto interino de EE. UU. para Asuntos del Hemisferio Occidental, Hugo Rodríguez, fue el encargado de reiterar ayer el compromiso de esa potencia de apoyar la lucha contra las causas estructurales de la pobreza en los países centroamericanos, a través del fortalecimiento institucional, la consolidación del estado de Derecho, el combate del crimen organizado y, por supuesto, la guerra total a la corrupción. “Los gobiernos deben tener una agenda anticorrupción comprometida, con procesos transparentes”, es la elegante pero lapidaria declaración de batalla contra el asedio constante del narcotráfico y mafias para infiltrarse en poderes del Estado a fin de proveerse de impunidad.

Los tres poderes del Estado guatemalteco se encuentran ante un factor importante de presión, que algunos pueden querer tildar de injerencia, a la usanza de cierto comediante que hoy no tiene más gracia. Es ineludible la esfera de influencia de EE. UU., no solo como principal interesado en frenar la migración de miles de personas, sino como potencia económica preocupada por garantizar su propia seguridad nacional.